La presidenta de la Cámara de Cuentas, Licelot Marte de Barrio, declaró este lunes que la institución se ha visto obligada adoptar medidas de austeridad que van desde el cierre de oficinas regionales, hasta la cancelación de más de 200 empleados.
Las oficinas de Santiago, Azua y La Romana fueron suprimidas y, además, indicó que se adoptó un programa de ahorros de salarios y beneficios que no eran justificados, informó la dirigente reformista.
“Como es de conocimiento general, la Cámara de Cuentas estuvo acéfala en los meses de julio a septiembre del presente año, lo que determinó una cuasi paralización de sus principales obligaciones y acumuló deficiencias que ha venido afectando el desarrollo de la institución por más de una década”, sostuvo.
Marte de Barrio solicitó un aumento de la partida asignada en el presupuesto público de 100 millones de pesos, para cubrir las áreas de tecnología de la información, archivo y sistema eléctrico. Dijo que la entidad sólo cuenta con un presupuesto de 423 millones de pesos, cuando le corresponden RD$700 millones.
La funcionaria sugirió a todos los miembros de la Cámara de Cuentas actuar a la mayor brevedad posible en las tareas que les son propias para producir en el más breve tiempo las transformaciones requeridas.
Reveló que de la deuda de la pasada administración, que sobrepasaba los 10 millones de pesos, han sido saldados siete millones 473 mil pesos y quedan pendientes otros tres millones 191 mil pesos.
También sostuvo que se realizó el inventario de las 78 auditorías del 2007 que quedaban pendientes e inconclusas, así como otras 26 de este año; todas iniciadas por las pasadas autoridades que encabezó Andrés Terrero.
Ayuntamiento Villa
Por otro lado, Marte de Barrio informó que en los próximos días culminarán el informe de auditoría al Ayuntamiento de Villa Altagracia, donde se ha denunciado que los ediles han cometido graves faltas en el desempeño de sus funciones.
La presidenta del máximo organismo auditor recordó que la autoría se hizo a solicitud de la comisión de diputados que estudia supuestas irregularidades cometidas por el síndico de Villa Altagracia, Pedro Peralta, y seis regidores.
La funcionaria rehusó referirse a posibles irregularidades detectadas en las pesquisas; pero estableció que existen cosas interesantes dentro de las investigaciones.
Los funcionarios municipales son acusados de asociación de malhechores y del apoderamiento de propiedad, por lo que tendrían que responder ante los tribunales de la República, dependiendo lo arrojado por la auditoría.
Los regidores involucrados son Santos Báez, César Mejía, Eddy Reyes, Maximina Sánchez, Luisa Suero y Evelyn Matos, además del síndico de Villa, Pedro Peralta.
