Destitución jueces desata crisis justicia RD

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La destitución de dos jueces en la provincia Santiago, por alegadas malas prácticas en el ejercicio de sus funciones, desató una crisis que por primera vez en la historia ha generado protestas y críticas al sistema judicial, por parte de quienes están llamados a impartir justicia.
 
Se trata de los casos de Gabriel Marchena Adames, juez de Paz de Villa Bisonó (Navarrete), y Luisa Rosa García Polanco, de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito de Santiago, ambos sancionados por el Consejo del Poder Judicial (CPJ).
 
Marchena Adames, quien habría usurpado funciones de juez de Atención Permanente, dispuso la libertad de Pedro Luis Báez Sánchez, acusado de haber dado muerte a puñaladas a su expareja Glenny María Muñoz, de 25 años, en una cabaña y en presencia de sus tres hijos.
 
El Consejo del Poder Judicial plantea que el magistrado transgredió el mandato del artículo 228, del Código Procesal Penal, desnaturalizando el fin que buscaba la imposición de la medida solicitada por el Ministerio Público: restablecer la armonía social tronchada por dicho hecho. El organismo cree que resulta más que imprudente y dañino a la sociedad la conducta del magistrado.
 
El otro caso corresponde a la jueza Luisa Rosa García Polanco, de la Primera Sala del Juzgado de Paz Especial de Tránsito, a quien se le acusa de haber dictado de forma irreflexiva siete resoluciones administrativas, mediante las cuales declaraba la inadmisibilidad de medidas de coerción en contra de varias personas acusadas de tráfico y consumo de drogas, robo calificado, asociación de malhechores, porte y tenencia de armas, uso de billetes falsos, golpes y heridas, entre otros.
 
Ataviados con togas y birretes, los jueces del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva realizaron una caminata hasta el edificio de la Suprema Corte de Justicia del Centro de los Héroes, en rechazo a las resoluciones que disponen la destitución de los jueces de Santiago, medidas disciplinarias que catalogaron como «injustas, desproporcionadas, arbitrarias» y, sobre todo, que «establecen un nefasto precedente que atenta contra la independencia judicial».
 
Los jueces acusan a la Fiscalía de Santiago de «atacar las decisiones jurisdiccionales» de García y Marchena, instrumentando un proceso disciplinario al margen de las vías recursivas reconocidas por la ley, que tiene su origen en las decisiones dictadas por éstos y que no fueron compartidas por el órgano acusador.
 
Dicen, además, que la mayoría de los funcionarios judiciales viven de forma modesta por carecer de altos ingresos económicos y que con frecuencia optan por el silencio ante las críticas injustificadas y algunas veces fruto del desconocimiento.
 
El Departamento de Defensoría Pública de Santiago expresó su rechazo a la destitución de los magistrados Luisa García y Gabriel Marchena por el Consejo del Poder Judicial, arguyendo irregularidades en el sometimiento.
Sostuvo que las decisiones que sancionan con la destitución a Marchena y García, constituyen una acción nunca vista para el sistema de justicia de la República Dominicana.
 
De su lado, la Fundación Institucionalidad y Justicia, (Finjus), expresó su preocupación por las destituciones de los jueces; pero, dijo que siempre ha respaldado que los miembros de la magistratura se encuentren sujetos a un control disciplinario proactivo y riguroso, para asegurar que actúen apegados a los deberes inherentes a la función judicial.
 
Sin embargo, considera que ese control debe ser respetuoso de la independencia funcional, en correspondencia con el artículo 151 de la Constitución, la cual establece que: “los jueces integrantes del Poder Judicial son independientes, imparciales, responsables e inamovibles y están sometidos a la Constitución y a las leyes. No podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley”.
 
De cada 10 casos, 6 sin resolver
 
Mientras los magistrados protestan, el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, se muestra asombrado del alto índice de impunidad por los crímenes registrados en el territorio dominicano.
 
El jefe del Ministerio Público sostuvo que instruyó a los fiscales de todo el país a reducir los casos de homicidios que quedan en la impunidad, cuya tasa ronda el 60 por ciento.
 
Domínguez Brito recordó que cuando fue fiscal del Distrito, las cifras de asesinatos sin castigos rondaba el 66% y cree que en la actualidad esa situación no ha variado en gran proporción: “Yo calculo que de cada 10 casos hay seis que no se resuelven”.
 
Previo al caso de los jueces acusados de faltas graves, la sociedad dominicana presenció otro hecho que dejó mucho que decir en materia judicial: las críticas del titular de Ética Pública, Marino Vinicio Castillo-Vincho-, y el exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Abel Rodríguez del Orbe, a la decisión del procurador Domínguez Brito, quien prometió reabrir el expediente sometido por un grupo de ciudadanos contra el senador Félix Bautista, por presuntos hechos de corrupción cuando se despeñó como director de la Oficina Supervisora de Obras del Estado en el Gobierno de Leonel Fernández.
 
Se recuerda que el titular de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, ordenó archivar el caso que se le seguía al influyente senador, horas antes del traspaso de mando del presidente Fernández a Danilo Medina.
 
De su lado, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, se ha quejado, por ejemplo, de que el crimen organizado se está persiguiendo en la misma forma en que se hacía hace más de 20 años y aboga por la modificación del Código Penal, al entender que el este es de 1846.
 
En su trabajo “La justicia penal dominicana”, el abogado Néstor Arroyo expresa que en el país no hay un real Estado de Derecho, pues se necesita una “justicia” imparcial e independiente, trasparente, efectiva y democrática, y la dominicana no tiene ninguna de estas características: “Por esto eso es una de nuestras taras institucionales más lamentable.
 
“En un país con un alto nivel de corrupción, en el cual el contubernio de la clase gobernante, políticos, empresarios, militares, religiosos, etc, deja un amargo sabor en la boca, y donde los organismos de control o equilibrio no funcionan, la justicia debería ser el último bastión contra las arbitrariedades, más no es así (…)”, precisa.