Hace algún tiempo, cuando se conmemoraba un aniversario más de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por 193 países, entre ellos la República Dominicana, el Estado confirmó la decisión de cumplir sus compromisos internacionales sobre los derechos humanos reconocidos a niños, niñas y adolescentes.
En tal sentido, la Convención se pronunció por un conjunto de derechos universales para la infancia, que incluyen una identidad, un nombre y una nacionalidad, educación, disfrute del mayor nivel posible de salud y recibir protección contra el abuso y la explotación.
Sin embargo, distan de todo lo anterior los datos que hablan de la extrema pobreza en que vive la niñez dominicana (más del 55% de la población, entre cero a doce años, y el 49% en edades comprendidas entre 13 y 18 años).
Si a todo ello se añade que el 30% de los niños y niñas en el país no cuentan con registros de nacimiento; que el 27% de las adolescentes están embarazadas; el desempleo juvenil supera el 29% y 630 mil estudiantes están fuera del sistema escolar, hay que concluir que cada vez estamos más alejados de cumplir con esos derechos que no abarcan los más 350 mil menores sometidos a las peores formas de trabajo infantil; los 25 mil que se encuentran en la más atroz explotación sexual y comercial; así como otros tantos que deambulan desprotegidos por las calles.
La vergüenza de violar los derechos fundamentales que atañen a la supervivencia y el desarrollo de niñas y niños debe enfrentarse a la hora de aprobar modificaciones en el Código del Menor, ese que propone castigarles más fuerte y no observa antes cómo cuidar de su vulnerabilidad, educarles y eliminar la pobreza que les diezma y mata.
