Se sabe que la mitad de los homicidios con armas de fuego y las dos terceras partes de los secuestros ocurren en América Latina, lo cual impone “una lucha transnacional ante la situación que vive la región con la proliferación de las drogas y la inseguridad ciudadana”.
La pregunta sigue siendo ¿qué pueden hacer los ciudadanos, realmente empequeñecidos, ante la manera en que disímiles individuos sin escrúpulos portan armas de fuego con las cuales intimidan y asesinan?
El procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, llamó a la población de la provincia de Barahona a trabajar de la mano con las autoridades del Ministerio Público, para identificar los focos de delincuencia y determinar quienes estén autorizados para portar armas, con el entrenamiento y la madurez necesaria para tenerlas.
Pero, no se trata solo de Barahona, el país entero padece de este mal, entre muchos otros. Se habla de más de 200 mil civiles que portan armas de fuego y la insuficiencia de un control de la importación, exportación, porte y tenencia; así como de la regulación de las armerías.
Domínguez Brito considera que hay que desarmar a la población para prevenir la comisión de hechos punitivos; sin embargo, la cosa es mucho más compleja. Todavía, con esa fe y paciencia que estruja la existencia cada hora, la sociedad dominicana espera la “articulación de políticas públicas que permitan vivir a la gente en paz, con mayor convivencia, en la cual se pueda reducir la criminalidad y la delincuencia”.
Aun se tiene la esperanza de que esos ejes estratégicos a los cuales se refiere el procurador, procreen lineamientos y programas que se traduzcan en seguridad ciudadana, porque el término de “barrio seguro”, a estas alturas, solo trae a la memoria angustias e imágenes muy contradictorias a lo que significa el término.
