Foro Social Alternativo (FSA) lleva este martes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) su posición con respecto a la sentencia de ese máximo tribunal, que declaró inadmisible el recurso de inconstitucionalidad que interpusiera contra el contrato préstamo por US$130 millones entre el gobierno y la Sun Land.
Las organizaciones comunitarias y sindicales agrupadas en el Foro Social Alternativo tienen programado llegar al edificio de la Suprema Corte a las 10:00 de la mañana.
La SCJ declaró inadmisible los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Foro Social Alternativo (FSA), contra ese préstamo.
Jorge Subero Isa, presidente de la Suprema, alegó que quienes debieron presentar esos recursos fueron el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional, a través de los presidentes de las cámaras legislativas, donde debió ir la solicitud de préstamo.
El fallo contó con los votos disidentes de los magistrados Eglis Margarita Esmurdo, Ana Rosa Bergé y José Aníbal Suárez, quienes argumentaron que con esa decisión se le quita facultad al pueblo para reclamar justicia. La sentencia de la SCJ consta de unas 33 páginas, por lo que tardó más de una hora terminar de leerle.
El PRD y el FSA sometieron ante la Suprema, en octubre del año pasado, varios recursos de inconstitucionalidad contra el préstamo por considerarlo violatorio a la Constitución de la República.
El préstamo con la Sun Land se hizo a través de la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que dirige el ingeniero Félix Bautista, con la venia del Presidente de la República.
La ejecución del préstamo, concedido al Estado, por la Sun Land para construir diferentes obras, generó la crítica y rechazo de los partidos políticos de oposición y la sociedad civil, porque no contaba con la aprobación del Congreso Nacional.
El disgusto generado en la población es por entender que el empréstito viola la Constitución, que ordena que todos los acuerdos de préstamos firmados por el gobierno deben ser ratificado por las cámaras legislativas.
Esta situación llevó a que tanto el PRD como el Foro Social que agrupa a decenas de organizaciones comunitarias y sindicales sometieran ante la SCJ un recuso que declare la inconstitucionalidad del préstamo.
