México (EFE).- Las agresiones y asesinatos de periodistas continuaron durante 2008 en México en un contexto de violencia derivada del crimen organizado, que provocó que algunos medios optaran por la autocensura para evitar ser blanco de los ataques, indicaron hoy varias ONG.
Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) registraron respectivamente 4, 5 y 9 crímenes contra informadores en el año, lo que, según sus parámetros, mantiene a México como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en América Latina.
En declaraciones a Efe Balbina Flores, enlace de RSF en México, señaló que en un balance preliminar, poco antes del cierre del año más virulento del crimen organizado, se habían registrado "150 agresiones a periodistas y medios de comunicación", estadística en la que observan una tendencia al alza.
Además, sostuvo que la autocensura se convirtió en un "mecanismo de supervivencia para los periodistas" de estados como Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Michoacán, entre otros.
Según Flores, los informadores mexicanos se ven "cada vez más vulnerables y desprotegidos", lo que incluso ha desencadenado el autoexilio de tres de ellos del norte del país, "un hecho inédito para la prensa" mexicana.
Éstos son Luis Horacio Najera Castillo, corresponsal de Reforma en Ciudad Juárez; Emilio González, de El Diario de Chihuahua, y Jorge Luis Aguirre, editor de la revista online La Polaka, detalló la representante de RSF.
Sobre la misma cuestión, en entrevista telefónica con Efe el coordinador senior del programa de las Américas del CPJ, Carlos Lauría, señaló que el denominador común de todas las muertes en México "es la impunidad" que las envuelve.
Este problema no sucede únicamente con relación a los crímenes contra periodistas sino que se da dentro de una más amplia "disfuncionalidad del sistema de justicia penal mexicano", agregó el representante del CPJ, una organización independiente y sin ánimo de lucro que se dedica a defender la libertad de prensa en el mundo.
Lauría confía en que en 2009 el Congreso mexicano avance hacia la federalización de los delitos contra la libertad de expresión, como una manera de llevar a más responsables de los asesinatos y agresiones ante la justicia.
De ser aprobada la iniciativa legislativa, serían delitos federales en México los ataques "contra las instalaciones de cualquier persona moral (empresa) dedicada a la comunicación".
Las sanciones previstas irían de uno a cinco años de cárcel, aparte de multas de entre 5.000 y 26.000 pesos (de 385 a 2.000 dólares) en algunos casos.
No obstante, el propio Lauría descartó que con una medida así la violencia contra los informadores vaya a desaparecer de la noche a la mañana, en un país donde este año se registraron unas 5.600 muertes, según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (Defensoría del pueblo).
El representante del CPJ también deploró el avance de la autocensura y resaltó que en el ámbito de la libertad de expresión, junto a las agresiones que se conocen y denuncian, "hay muchas" que no trascienden por el temor de las víctimas.
Además, descalificó a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (FEADP) por haber negado, el pasado 10 de diciembre en su informe anual, que México sea un país de los más peligrosos en la región y el mundo para los periodistas.
Entonces, el titular de la FEADP, Octavio Orellana, señaló que según la dependencia a su cargo y las investigaciones realizadas en 2008, únicamente habían ocurrido 2 asesinatos de periodistas atribuibles directamente a su labor profesional.
Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) de México, desde 2000 hasta la fecha se han registrado 45 asesinatos de periodistas.
