Jefa de la DEA no vino a comer salami

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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El gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica está muy preocupado por la penetración del narcotráfico en los estamentos de poder en la República Dominicana.
 
La visita sorpresa de la secretaria del Departamento de Seguridad Janet Napolitano, acompañada de David V. Aguilar, comisionado de Aduanas y Protección Fronteriza; el secretario adjunto para Asuntos Internacionales, Alam Bersin y el embajador  Raíl Izaguerri, deja claramente establecido que el gobierno de Barack  Obama está decidido a poner en movimiento el aparato de investigación y operaciones de la DEA, el FBI, Aduanas, la armada de los Estados Unidos y la tecnología para desarticular las redes nacionales e internacionales que desde nuestro territorio envían grandes cargamentos de drogas a Norteamérica.
 
La entrega del avión espía silencioso completa el plan de los Estados Unidos para República Dominicana y el Caribe.  Sin que pasaran 15 días se produce la importante visita de la jefa de la DEA Michele M. Leonhart.  Ambas funcionarias estuvieron en el Palacio Nacional, en  reuniones secretas con el presidente Leonel Fernández Reyna.  Posteriormente, el canciller dominicano Carlos Morales Troncoso estuvo en Washington firmando los documentos de cooperación entre los dos gobiernos.
 
Varios expertos norteamericanos hace dos décadas que hicieron saber el peligro que representaba el consumo y el tráfico de drogas narcóticas, estableciendo que la juventud de esa época: “era una generación perdida, y que se debía trabajar en la orientación y la prevención sobre el consumo de estupefacientes  con los niños y niñas”.
 
Según cálculos de estos teóricos, los Estados Unidos de Norteamérica tenían 24 millones de seres humanos que consumían cocaína, marihuana, crack y heroína.  La compra de estas drogas genera una ganancia de 125 mil millones de dólares cada año a los traficantes.
 
Recientemente, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) el ruso Yuri Fedotov reveló que el narcotráfico recibe de ingreso la suma de 870 mil millones de dólares anualmente.
 
Esta cifra representa 1.5% del Producto Interno Bruto mundial, dice la ONUDD.
 
El ruso Fedotov afirma que: “las ganancias del crimen organizado superan siete veces la ayuda internacional de cooperación y advirtió que las redes criminales pueden desestabilizar a las regiones, por lo que se debe concienciar sobre los efectos negativos que generan todas la actividades relacionadas con la delincuencia”.
 
Los recursos económicos del crimen organizado blinda a  los traficantes permitiendo que compren complicidades y la impunidad. De ahí la máxima de que se “derrota al traficante cuando lo apresan o lo condenan en los tribunales: El narcotráfico nunca se derrota; sigue operando aunque los jefes estén en las cárceles”.
 
Partiendo de esa realidad es que los Estados Unidos a partir del desmantelamiento de los carteles de Medellín y de Calì optaron por aplicar un plan secreto para conocer a los nuevos jefes de las organizaciones criminales emergentes. Mediante el Programa de Resocializaciòn de Narcotraficantes impulsado por la ex fiscal general Janet Reno y su asistente Mary Leen Warren protegieron a 300 traficantes colombianos a cambio de informaciones.  Estas personas viven  en los Estados Unidos y Colombia disfrutando de los millones de dólares que las autoridades permitieron que retuvieran.
 
Los periodistas Edgar Téllez y  Jorge Lesmes en la página 20 del libro “Pacto en la Sombra” dicen “desde 1966 los pactos en la sombra con el narcotráfico han continuado, pero sin informarles de manera oficial a las autoridades colombianas. Se trata de un esquema secreto del que muy poco conocen sus detalles y su resultado final”.
 
Justamente, eso es lo que las autoridades norteamericanas hicieron con los implicados en los casos: Quirino Ernesto Paulino Castillo (El Don), la matanza de Paya y Figueroa Agosto.  Los jefes de estas redes negociaron y con  los datos aportados el gobierno norteamericano está solicitando la extradición de 70 personas entre ellas generales, coroneles activos; ex generales y altos oficiales de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, banqueros, ex funcionarios de los gobiernos del PLD, PRD, PRSC, empresarios y otros.
 
Tanto Napolitano como Leonhart entregaron al presidente Fernández las listas de los extraditables.
 
Al presidente Danilo Medina le corresponde hacer lo que nunca se ha hecho en la lucha contra la corrupción y el narcotráfico, porque  su gobierno no tiene nada que ver con lo sucedido en otras administraciones.
 
Está claro que Michele M. Leonhart, la jefa de la DEA, no vino a comer salami.
 
Le toca al presidente Medina hablar y actuar.