El salami del Gobierno

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Estoy a punto de convencerme de que la denuncia hecha sobre la contaminación del salami, era la deuda de una cuenta por cobrar, por parte del gobierno algunos empresarios  fabricantes de embutidos, que en la campaña electoral pasada no apoyaron  el candidato del  oficialismo.
 
No piensen que mi conclusión se da porque soy dirigente del PRD, lo digo  porque lo correcto en una situación como esta, es además de hacer la denuncia, recoger el producto, multar las empresas, investigar o cancelar los inspectores encargados de supervisar la elaboración del producto y al final mostrarle al consumidor que la mercancía  ya está  apta  para el consumo humano.
 
Todo parece que fue una maldad, a quienes como la familia de don Pedro Riveras apoyaron a Hipólito Mejía. Veamos: el papel fundamental del Estado es defender el consumidor, pero también la inversión de las empresas, ellas generan empleos y capital, en quienes mantienen las fincas, arreo del ganado, en los mataderos, los que participan en el proceso para hacer los embutidos, en las ventas de éstos, en la exportación y en los restaurantes, entre otros.
 
Cabe preguntar, fue una ineptitud del gobierno o algo deliberado, todos estos sectores han sido perjudicados por esta acción inmadura, algo que debió resolverse aplicando las medidas de lugar para salvar las empresas, el consumidor y los empleos de miles de personas, tiene hoy la marca de un sabotaje a los productores de embutidos.
 
No es que uno quiera meter al presidente Fernández en un salami, o en el lio de los salamis, pero él se metió cuando expresó públicamente que apoyaba a la directora de defensa al consumidor, Altagracia Paulino, pero la acción de Paulino fue a media, se quedo en la denuncia y no forzó, en caso de ser cierta su información,   a los empresarios a recoger el producto dañado y los organismos del Estado a tomar,  de manera urgente,  las corrección de lugar.
 
Peor aún, la encargada del Instituto de Protección al Consumidor (Pro consumidor)  dijo en principio que todos los salamis examinado estaban mal, pero más tarde aclaró  que solo eran los de las marcas “informales”,  pero no cuáles, lo que constituyó una falta de respeto a los consumidores, dejando atrás y en el piso su autoridad, olvidando que le pagan para defender al pueblo, y un buen defensor no puede, no tiene derecho de ocultar información, especialmente si se trata de la salud en general.
 
Aquí en los Estados Unidos, cuando un producto no está saludable o se detecta una batería o  cualquier foco infeccioso en él,   se hace público, la idea es que las gentes no consuma los productos que no reúnen las condiciones  para ser ingeridos, pero también se retiran del mercado, porque si el producto no está en condición de ser consumido, no puede estar asequible al consumidor.
 
La única verdad, es que tanto el gobierno como las empresas de  embutidos deben hacer lo posible, porque el salami recupere su buena imagen, por la salud del pueblo, por la recuperación económica de miles de personas que de manera formal e informal participan en el negocio de estos productos que tantos beneficios económicos le han dado a la Republica Dominicana.
 
Que nadie dude, porque desde que Proconsumidor, a través de  su directora Altagracia Paulino  ofreció la información de los salamis contaminados, todo cambio, en lo adelante debe ser mandatorio la presencia de inspectores de sanidad chequeando el proceso de producción y también debe ser permanente la revisión a la calidad de esos productos por parte de Salud Publica, especialmente con el conocimiento del pueblo en general. Y también es saludable que doña Tata precise, aclare o informe, cuáles son las fábricas informales productora de Salami.