La sociedad dominicana debe levantarse y empoderarse de las acciones que viene realizando el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro-consumidor), porque por primera vez se hace un intento por ponerle freno a las tantas injusticias que se cometen contra la población dominicana.
En un país, que como el nuestro, los servicios son ineficientes y se estafa claramente a la población consumidora de los mismos, por algún lado debemos comenzar, y por lo visto eso ha sido lo que ha querido hacer Altagracia Paulino desde Pro-consumidor, para no pasar sin penas ni glorias, como le ha ocurrido a otros funcionarios responsables de esa entidad gubernamental.
Sin embargo, da pena y mueve a preocupación, el hecho de que ese buen ejemplo o precedente que pretende imponer Pro-consumidor en la sociedad dominicana sea empañado por funcionarios del propio gobierno que han querido desmeritar o desacreditar las acciones de defensa que esa institución ha venido llevando a cabo a favor del pueblo consumidor.
Es de saberse que para nadie es un secreto que los consumidores dominicanos hemos estado siendo estafados desde hace mas de cinco décadas por los comerciantes agiotistas, especuladores y apátridas que no pueden ver más allá que el beneficio que le pueden sacar a los productos que ofrecen a la pobre e indefensa población dominicana que cada vez mas resulta perjudicada por esos malos compatriotas.
Resulta que lo que consumimos no es de buena calidad, pero a eso se agrega que si vamos al Colmado y pagamos el precio por 10 libras de arroz, nos despachan 8 o 9, si compramos 12 galones de Gas Propano, nos entregan 9 o 10 y por si eso fuera poco también nos llevamos el riesgo de sufrir cualquier desgracia de salud por las impurezas y las contaminaciones a que son sometidos todos los productos que utilizamos.
A pesar de todo eso, vivimos en un constante bombardeo a través de los medios de comunicación, por parte de muchas de estas empresas que ofrecen bienes y servicios confundiendo a los consumidores con las falsas noticias de que han obtenido tales o cuales calificaciones con el objetivo de ganar adeptos y seguidores en el mercado local.
Lo cierto es, que a la luz de todo lo que ha salido a relucir ante la opinión pública nacional, todo eso no es más que otra estafa de las que tanto esas marcas han venido cometiendo contra el acogotado pueblo dominicano, porque con ello han demostrado que muchos de esos posicionamientos que dicen tener han sido comprados a las entidades calificadoras.
Ante todas las evidencias que hemos comprobado y que de manera generalizada conoce el pueblo dominicano, el gobierno central que conduce los destinos del Estado está en la imperiosa e impostergable responsabilidad de adoptar medidas y estándares de calidad que obliguen a las empresas que ofrecen bienes y servicios a ceñirse a las mismas o de lo contrario que salgan del mercado para dar oportunidades a otras cuños propietarios sean más conscientes, honrados y condescendientes con los seres humanos que habitamos este país.
De manera que ahora no se trata de hacer saltar del cargo o de denigrar a una funcionaria que como Altagracia Paulino, ha querido poner un alto a una de las tantas malas prácticas viejas que se producen en la sociedad dominicana, sino de que por el bien del país comencemos a ponerle el cascabel al gato, porque de engaños y robos estamos hartos.
Como buenos admiradores e imitadores de la sociedad Norteamericana, comencemos a poner el orden con los productos que consumimos y que los que continúen haciéndose ricos a costilla de los consumidores que vayan a las cárceles sin contemplaciones, porque no solamente deben ser condenados por ladrones, sino también por asesinos, porque en definitiva lo que están haciendo es matando a plazos a la población.
agendasemanal@hotmail.com
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