Diferentes sectores de la sociedad dominicana están de acuerdo con que sea nuevamente discutido el artículo 37 de la Constitución, que habla sobre el Derecho a la Vida, ya que el caso de Esperancita, una adolescente enferma de leucemia linfoblástica y con un embarazo en curso de 10 semanas, evidenció las debilidades que existen al momento de determinar cuál de las dos vidas amerita salvarse.
La joven de 16 años, quien es hija única, sin padre, ni pareja, requería de quimioterapia, pero por su estado de gestación, los médicos que la atienden en el Hospital de los Maestros (Semma), dudaban en aplicarle el procedimiento, por temor a que el feto muriera y violaran el artículo 37, de la Carta Magna, el cual establece: El derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte. No podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse, en ningún caso, la pena de muerte. Después de dos días de debate decidieron someterla a quimio.
Casualmente, la situación de la futura madre coincidió con la puesta en circulación del libro La Interrupción del Embarazo: Análisis Constitucional para el Debate, del abogado Cristóbal Rodríguez Gómez, quien considera que no debió tardarse tanto tiempo para aplicarle el tratamiento a la joven.
Rodríguez Gómez aclara que el texto expresa que la vida humana es inviolable desde la concepción hasta la muerte y la mujer es una vida concebida y en desarrollo. También su existencia es inviolable. Entonces, cuando pretendiendo salvar el feto se provoca la muerte de la madre, están atentando contra el derecho de la fémina y eso es inconstitucional.
Considera el abogado que el artículo 37 no establece una prohibición de la interrupción del embarazo. Si el Código Penal prohibiera la suspensión entraría en conflicto con la Constitución. Está claro que no puede leerse como si fuera el único de esa pieza jurídica, pues el artículo 5 y 38 lo complementan.
En su presentación, el jurista constitucionalista precisa que la interrupción voluntaria del proceso de gestación se enmarca dentro de los derechos sexuales y reproductivos asumidos por el Sistema de Naciones Unidas; definidos, además, como los derechos de las mujeres y hombres a tener control respecto a su sexualidad, a decidir libre y responsablemente sin verse sujetos a la coerción, la discriminación y la violencia.
Asimismo, la directora ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, Sergia Galván, entiende que el caso de Esperancita, sienta un mal precedente, porque da a entender que las mujeres encintas, con problemas de salud tienen gran potencial de riesgos a la hora de elegir quién vive, o quién muere.
“Realmente, los protocolos de salud son muy claros. Pero esta situación debe verse con el artículo 37, que limita la capacidad productiva de los médicos para tomar decisiones oportunas. Esperamos que la demora no tenga consecuencia grave para la adolescente”, precisa Galván.
La activista se muestra partidaria de que el artículo 37 vuelva a discutirse, ya que da la impresión de que solo se debe preservar la vida del feto. Es un acto de tortura y crueldad obligar a la mujer a entregar su existencia para proteger un embrión.
De igual opinión es la directora ejecutiva de Profamilia, Magaly Caram, quien desea que en la sociedad dominicana se produzca un debate, para que dejen de tenerle miedo a ese tema y de verlo con fanatismo, sino desde un punto de vista científico y no por las amenazas y chantaje de los púlpitos de la iglesia y de lo político, a fin de que con serenidad se busque la solución.
“Pienso como mujer, madre y abuela, cuál sería mi reacción si mi hija o nieta fuera violada por un hermano, padre o tío, si su embarazo significara traer al mundo un producto inviable o con malformaciones congénitas. O si su vida corriera peligro por intentar llevarlo a término. A veces, cuando teorizamos perdemos de vista nuestros sentimientos y cómo reaccionaríamos si la situación la estuviéramos viviendo en carne propia”, reflexiona Caram.
En tanto que José Delance, ginecólogo y director del Materno Infantil de Salud Pública, manifiesta que hay muchas deshumanizaciones en el trato de la mujer por parte de los prestadores de servicios y aunque en los últimos 30 años el comportamiento de la mortalidad materna ha ido disminuyendo en proporción y velocidad, las cifras siguen siendo altas.
“Da pena y vergüenza que una mujer, en un hospital, dé a luz sola, sin apoyo de un personal médico que la acompañe ante cualquier eventualidad que se presente. Eso no ocurre en otra área de la medicina, pues nadie deja, ni posterga la atención a un infarto al miocardio”, lamenta Delance.
El especialista en ginecología aclara que esa negligencia ocurre en las embarazadas y es algo cultural, por lo que debe cambiarse la mentalidad para que los médicos entiendan que se trata del derecho a vivir y recibir atención de calidad.
“Por esta razón la tasa de mortalidad materna rondaba entre 159 por 100 mil nacidos vivos; ahora es de 90, lo que indica una reducción increíble, pero queremos que baje a 46 y más. Disminución que se ha logrado tratando que la gente se coloque en el lugar del otro; que los prestadores muestren su lado humano. Hemos tomado medidas drásticas cuando no se cumplen con los requisitos y cancelamos médicos por negligencia”, sostuvo el director del Materno Infantil, José Delance.
Mientras que la magistrada Roxanna Reyes, procuradora general adjunta para Asuntos de la Mujer de la República Dominicana, opina que es necesario revisar el artículo 37, para evitar que más mujeres continúen muriendo, porque la población y algunos sectores no entienden ese apartado constitucional.
Lamentablemente, este debate en torno al artículo 37 se ha abierto como consecuencia del estado de salud de una adolescente embarazada- otro de los serios problemas que coloca al país en el quinto lugar de la región-. No obstante, ya que la caja de pandora ha comenzado a abrirse, la sociedad espera que, finalmente, haya una Constitución acorde a los tiempos que se viven y no para crear una disfunción a partir de su contenido.
“Caso Esperancita” abre debate constitucional
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