Con luto, exclusión y censura Fernández deja RD

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Ultimados, desaparición forzosa, mutilados, torturas, discriminación y censura fueron algunas de las principales portadas en los diferentes medios de comunicación escritos, digitales, así como televisivos y radiales sobre las violaciones a los derechos humanos, durante las dos últimas gestiones presidenciales de Leonel Fernández Reyna.
 
Se estima que más de 4 mil ciudadanos perdieron la vida en los últimos ocho años de manera violenta en toda la geografía nacional, a manos de agentes del cuerpo del orden. Según los datos, más de  trescientas a quinientas personas murieron  anualmente en  los alegados intercambios de disparos.
 
Ante el auge de los asesinatos en supuestos intercambios de disparos, líderes de opinión, religiosos y sectores sociales efectuaron fuertes cuestionamientos al Poder Ejecutivo sobre los constantes hechos de sangre.
 
Entre los casos más sonoros de violación a los derechos humanos perpetrados  por agentes de la Policía Nacional en las gestiones de Fernández se enumeran:
 
-El asesinato del  dirigente del Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), y estudiante del tercer semestre de derecho del Centro Regional Universitario de Santiago de la UASD, Elvín Amable Rodríguez (Onis), de un disparo en la nuca, en  Navarrete, el 25 de septiembre de 2006.
 
-Los homicidios de Cecilio Díaz y William Batista Checo, acusados del cuestionado secuestro de Eduardo Baldera Gómez, así como la desaparición de Juan Almonte y Gabriel Sandi Alistar en septiembre de 2009.
 
– El asesinato del anciano Elio Reyes Severino de 81 años, por cinco agentes, cuando se trasladaba en una camioneta junto a un hijo suyo por la autopista del Nordeste rumbo a Sabana Grande de Boyá,  el 4 julio de 2010.
 
-Dos agentes de la policía mataron de un balazo en la nuca al estudiante de término de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Abraham Ramos Morel, quien  cumplía esa noche 23 años, porque el joven no detuvo su automóvil en una zona oscura donde le hicieron una señal de alto. Esto ocurrió el 23 Junio de 2010.
 
-El joven estudiante de derecho y dirigente del Falpo, Alfredo Gómez (Yito), cayó ultimado  a manos de una patrulla del equipo “Swat” de la Policía Nacional, en la comunidad de Canca la Reina de Moca, provincia Espaillat, el 12 de octubre de 2010.
 
Protestas
 
Las excesivas muertes de supuestos delincuentes a manos de miembros de la Policía Nacional provocó el empoderamiento de la sociedad, en especial  de los grupos juveniles, quienes iniciaron una serie de protestas con la consigna “Policía no me mate, que yo me paro”, difundida  a través de las redes sociales en toda la República Dominicana y el extranjero.
 
La reprobación surgió el 23 de junio de 2010, a raíz del asesinato del  estudiante de término de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Abraham Ramos Morel y  el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde señalaba que en menos de tres años, agentes de la Policía Nacional habían asesinado a  más de 1 800 personas, equivalente a 50 muertes por mes durante  la jefatura  del mayor general Guzmán Fermín.
 
Según datos de organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos coincidieron en  que donde más crímenes extrajudiciales se efectuaron en la primera década del  siglo XXI fue en la administración de la jefatura de la Policía Nacional, del  mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín (2007-2010).
 
Desde su servicio como comandante de la región Nordeste con asiento en San Francisco de Macorís, a Guzmán Fermín se le conocía en los sectores populares como  “El cirujano”, por la gran cantidad de personas mutiladas y muertas, especialmente jóvenes en esa ciudad.
 
De acuerdo al presidente de la CNDH, Manuel María Mercedes,  Fernández se va de la presidencia de la República sin grandes avances y afirmó que deja un deterioro en materia de derechos humanos con el “mérito” de tener  a los jefes policiales más represivos y sanguinarios, luego de los famosos 12 años del  expresidente Joaquín Balaguer.
 
Mercedes aseguró que en todos los informes de las instituciones internacionales que vigilan el acatamiento de las normas y respeto a los Derechos Humanos como: Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana; la Corte Interamericana, entre otras, la República Dominicana en los ocho años de gobierno de Fernández quedó ubicada en la “lista negra”, por las cientos de víctimas en los denominados intercambios de disparos.
 
Otras violaciones
 
Las múltiples instituciones y las ONG que trabajan con emigrantes consideraron que en la administración de Leonel Fernández la discriminación a las personas de origen haitiana fue sistemática, y no así con otras etnias que residen en el territorio dominicano.
 
Acerca de los hechos, las entidades denunciaron continuamente expulsiones colectivas de migrantes del vecino país y negación al acceso a documentación de identidad.
 
De igual forma, Amnistía Internacional dejó clara su preocupación por la exclusión que sufren las personas dominicanas de ascendencia haitiana, especialmente en lo referente a su derecho a la nacionalidad.
 
Censura
 
En referencia a los casos de censura y  amenazas a varios periodistas, para que no difundieran en sus espacios cuestionamientos de corrupción en la administración pública, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), denunció los efectos de la presión política ejercida sobre los comunicadores independientes.
 
Asimismo, el SNTP afirmó que más de 60 periodistas y otros trabajadores de medios de comunicación fueron víctimas de acoso o agresiones físicas entre enero y agosto de 2011, en muchos casos a manos de agentes policiales.
 
El caso más reciente fue el cierre temporal del portal digital Siglo21.com, que había anunciado que publicaría reportajes donde se comprobaban actos de corrupción y malversación de fondos en diferentes instituciones gubernamentales.
 
En tal sentido, las instituciones que velan por el respeto a los derechos humanos han depositado su confianza en el nuevo presidente Danilo Medina, para que “corrija y  ejecute” los cambios necesarios, a fin de que la sociedad dominicana transcurra durante su gobierno por la vía democrática, apegada a la Constitución de la República.