El debate sobre una nueva reforma a la Constitución en la República Dominicana se colocó sobre el tapete en momentos en los cuales las expectativas del país giraban en torno a graves problemas sociales y económicos.
Pese a la crisis, la modificación a la Carta Magna resultó ser el tema de mayor debate durante las dos últimas gestiones presidenciales de Leonel Fernández.
La Constitución de la República, desde su proclamación en noviembre de 1844, hasta la fecha, ha sufrido 37 modificaciones o reformas. Las transformaciones han sido realizadas por 14 gobiernos a lo largo de la historia republicana.
Por lo menos, seis presidentes impulsaron más de una modificación a la Carta Sustantiva: Pedro Santana, Buenaventura Báez, Ramón Cáceres, Horacio Vásquez, Rafael Leónidas Trujillo Molina y Joaquín Balaguer.
En la mayoría de las innovaciones a su contenido ha estado la discusión del establecimiento o no de la reelección presidencial y el empeño de los gobernantes por tener mayor poder.
A su llegada por segunda ocasión al Poder Ejecutivo, Leonel Fernández dejó clara su intención de promover un nuevo proceso de revisión, en una conversación que sostuvo con el presidente del Senado para esa época, Andrés Bautista, en el Palacio Nacional.
Reforma de Fernández
El Alma Mater de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), sirvió de tribuna al presidente Leonel Fernández para proponer el 5 de octubre del 2006, sus planes de reformar la Constitución.
En un principio, Fernández abogó por una reforma que iniciara un mecanismo «idóneo», protagonizado por una Constituyente, argumento que cambió por una Asamblea Revisora.
La inicial propuesta del Presidente tenía el objetivo de enderezar, según su criterio, “torceduras históricas a la Carta Magna”, pero contrario a otros mandatarios, en esa ocasión proponía disminuir los poderes «excesivos», que le otorgaba el artículo 55 de la Constitución.
El jefe de Estado consideró necesario integrar al nuevo contenido los derechos de segunda y tercera generación: sociales, culturales y de medio ambiente. Para tales fines participaron en los debates varios expertos extranjeros procedentes de España, Colombia, Venezuela y otras nacionales que tenían experiencias de reformas constitucionales.
La revisión de los artículos 55 y 49, este último contentivo de la reelección presidencial, fue motivo de discusión entre Fernández y directores de medios de comunicación en el Palacio Nacional.
Comisión de reforma
A dos años de su arribo al Poder Ejecutivo, Fernández Reyna emite el Decreto número 323, de fecha 8 de agosto del 2006, que crea la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional y al efecto designó una Comisión de 13 juristas para diseñar una nueva Carta Magna con un enfoque revolucionario dentro del ordenamiento democrático del país.
Entre los juristas que conformaron la Comisión de Reforma se destacan: Raymundo Amaro Guzmán, Julio César Castaños Guzmán, Pelegrín Castillo, Flavio Darío Espinal Jacobo, Aura Celeste Fernández, Luís Gómez Pérez, Milton Ray Guevara, Eduardo Jorge Prats, Licelott Marte, César Pina Toribio, Leyda Margarita Piña, José Darío Suárez y Adriano Miguel Tejada.
En tanto que el Senado de la República, el 14 de enero del 2007, anunció la conformación de una comisión especial que daría seguimiento a todo el proceso abierto por el Poder Ejecutivo en torno a la reforma constitucional, donde Monseñor Agripino Núñez Collado fungió como presidente de la Comisión que trabajó en la revisión de la Ley Sustantiva.
Debates
Durante las evaluaciones sobre la Ley de Leyes se originaron diversas controversias entre las organizaciones políticas opositoras y grupos sociales, sobre los planteamientos realizado por Fernández. Entre ellos, la posición asumida por el presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas Maldonado, quien acusó el 15 de octubre del 2006, al gobernante de ser el político más incoherente del país, y recordó que desde la oposición, había abogado por una reforma a través de una Constituyente; pero, al tener el control del Congreso Nacional, modificó su discurso y planteó una Asamblea Revisora.
De igual forma, Emmanuel Esquea Guerrero defendió que se les redujeran poderes al Jefe de Estado; se establecieran los 75 años como edad máxima para ser Presidente de la República; ganar la presidencia en la primera vuelta electoral con más del 40% y 10 puntos porcentuales de diferencia del más cercano contendor; así como modificar el régimen del juicio político.
De su lado, los senadores peledeístas Charlie Mariotti y Euclides Sánchez advirtieron que: «la reforma a la Constitución va con o sin el PRD», a la vez que afirmaron que dicha organización había actuado con inmadurez, incoherencia, ñoñería y criterio infantil.
Cuestionamientos
De su lado, el destacado jurista Luis Gómez, exmiembro de la Comisión Presidencial para la Reforma Constitucional, sostuvo que el presidente Fernández culmina sus mandatos con una deuda social muy grande en materia constitucional, debido a que obvió y vulneró los trabajos desarrollados por los abogados y las consultas realizadas desde “las entrañas del pueblo”.
Gómez rememora cómo el mandatario recibió de manos de la comisión un documento elaborado de carácter liberal, adaptado al horizonte democrático de la nación, que inició después de 1994, cuando se estableció el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
El también catedrático universitario argumenta que para ese año, las autoridades de la Universidad Pedro Henríquez Ureña entregaron al Estado dominicano un proyecto que incluía la corrección a la deuda social dejada por los anteriores gobiernos en materia constitucional. De manera que dicho proyecto se organizó y sintetizó hasta desembocar en cuatro grandes propuestas:
1.-Establecer el Estado de Derecho a través del poder Constituyente; extirpado cuando Leonel Fernández presentó su propia propuesta.
2.–No debía ser monopolio de los tres poderes del Estado, y que el Consejo Nacional de la Magistratura estuviera representada por la sociedad civil. Es decir, un miembro de la universidad estatal y otro por las academias privadas, de los colegios de abogados y de las ONG. Una vez más, Fernández hizo caso omiso al tema.
3.-La revocación del mandato presidencial a través del referéndum revocatorio por medio del voto popular. Esta noción fue prohibida de inmediato por el gobernante.
4.-El Estado Social Democrático y de Derecho se orientó por una modalidad liberal; pero, Fernández escogió el principio conservador, o lo que es igual: una copia de la Constitución monárquica de España.
Constituyente
Luis Gómez entiende que la mayor deuda que deja Fernández es un país sin poder constituyente: “Entonces, la definición de los valores, principios y libertades lo hace un poder constituido, adscrito a la vieja Constitución, por lo que no responde a las nuevas expectativas.
Añade que la organización Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia está comprometida a que el Presidente pague por sus responsabilidades y le dé el poder al pueblo, afectado por una Carta Magna dictatorial: “La dictadura no está en la cabeza de Leonel Fernández, sino en el articulado de la Carta Sustantiva vigente”.
Establecer la Constituyente
Acerca de establecer la Asamblea Constituyente, organizaciones sociales, unidas a Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia, prevén desarrollar un registro en cada localidad, a través del Instituto Nacional Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel), a fin de obtener un certificado válido del proceso de firmas con unas 135 mil personas (un 2% de registro electoral).
En tal sentido Luis Gómez concluye que el nuevo presidente Danilo Medina tiene en sus manos la posibilidad de “casarse con la gloria, si ejecuta los cambios necesarios en la Constitución de la República”.
Nota al lector:
Este es el tercero de una serie de trabajos que publica este multimedios DominicanosHoy sobre las posiciones de instituciones y expertos, en torno a algunos aspectos de la estructura social de la República Dominicana durante los dos períodos presidenciales del doctor Leonel Fernández frente al manejo del Estado.
Asamblea constituyente: deuda pendiente LF
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