Los ayuntamientos que constituyen el llamado Poder Municipal, o Cuarto Poder, en la República Dominicana, más que resolverles problemas a las comunidades, se han convertido en nidos de delincuentes, los cuales sacan jugosas fortunas en perjuicio del Estado dominicano.
La corrupción que campea en la mayoría de los cabildos con que cuenta el país, está presente en la estructuración de los presupuestos, en las nominas de empleados fijos y móviles, en las obras que se programan cada año y en las ayudas que se otorgan a los compañeros de partido y relacionados al Alcalde de una determinada demarcación.
A todo ese rosario, de clientelismo, irregularidades y corrupción, se agrega el ingrediente de que algunos Alcaldes Municipales han llegado a conseguir esas posiciones mediante la compra de votos, con recursos provenientes del narcotráfico, lo que compromete mucho más la independencia y soberanía de esas instituciones.
Encima de todo eso, mantienen a la mayoría de los munícipes disgustados por la alta deficiencia de los servicios que ofrecen, razón por la cual estos se resisten a pagar los arbitrios municipales y sus reclamos son dirigidos hacia las autoridades nacionales, las cuales tienen mejores mecanismos de respuestas a sus necesidades.
En la inmensa mayoría de nuestros Municipios y Juntas Distritales, no se levanta una obra sin que beneficie al Alcalde, a los Concejales o a algún funcionario de la Administración Municipal y encima de eso es otorgada grado a grado, en franca violación a la ley de contrataciones y licitaciones del Estado dominicano.
Todo ese rosario de irregularidades, clientelismo y corrupción, que se produce en la mayoría de nuestros Ayuntamientos y Juntas Distritales del país, deben de tener muy apenado, donde quiera se encuentre al principal Padre de la Patria Dominicana, Juan Pablo Duarte, quien concibió a ese poder del Estado como el más representativo de las comunidades de nuestra nación.
Esa idea que dio origen a los Ayuntamientos y Juntas Distritales de la nación dominicana, ha quedado en el olvido y debe ser una misión de los buenos políticos y de los hijos serios y sensatos del pueblo dominicano, ponerle fin al bandidaje que se produce en esas instituciones, con el objetivo de recobrar su importancia y transparencia para beneficio de todos los munícipes del país.
Se impone, pués, un rescate definitivo del llamado poder Municipal, por el que tanto luchó y abogó el patricio Juan Pablo Duarte, y ese rescate debe provenir directamente de las entrañas de las instituciones que tienen que ver con la regulación del uso de las finanzas públicas del Estado dominicano y de la Liga Municipal Dominicana, que obligue a la mayoría de los Alcaldes y Concejos Municipales de nuestro país a rendir cuentas claras de todo lo que reciben, tanto del gobierno Central como de lo que aportan los ciudadanos a través del pago de sus impuestos.
No podemos dejar que nuestros Ayuntamientos continúen contaminándose, como ha estado ocurriendo hasta ahora, donde sin lugar a dudas ha penetrado el narcotráfico controlando sus estructuras, en base a los recursos que ha otorgado a muchos de sus alcaldes, durante las últimas campañas electorales que ha tenido el país.
Consciente de todo ese desastre que acontece en la vida Municipal Dominicana, el gobierno central se ha negado a entregar el 10 por ciento que establece la ley para los Ayuntamientos, y entendemos que ese debe ser un punto de partida para que se produzca un cambio en el accionar administrativo y operativo de esas instituciones, que las autoridades condicionen la entrega de esos recursos al establecimiento de reglas claras que permitan un mejor control del pueblo dominicano al manejo de esas corporaciones edilicias y que quienes pretendan seguir empañando la imagen de las mismas con actitudes dolosas sean sometidos a la justicia, sin contemplaciones para que paguen por el mal que le han hecho al país.
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