Es más que visible y lógico el descontento y rechazo de diferentes segmentos de la sociedad al aumento de la tarifa eléctrica que propone imponer el Fondo Monetario Internacional (FMI). Diversos medios de comunicación reflejan en sus planas la información sobre “el repudio de varios sectores sociales a que se aumente un 18% la facturación eléctrica”.
Aun cuando el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), asegure que fue el gobierno quien pidió al organismo internacional esa alza, el presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, afirmó que el presidente Leonel Fernández preferiría romper el acuerdo stand by con el Fondo Monetario si ese organismo insiste en plantear un reajuste de la tarifa eléctrica.
Hasta el cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez calificó el alza como “desproporcionada” y alegó que “en este momento no se le puede venir con una carga de este tipo a la población”.
La propuesta del arzobispo de Santo Domingo al presidente Fernández es que busque otras alternativas en el sector eléctrico, herida por la que se desangra la nación dominicana hace muchos lustros.
El vicepresidente de la CDEEE, Celso Marranzini, advirtió “que dejaría el cargo si el gobierno accede a la petición del organismo internacional”, en tanto que funcionarios del Gobierno y el Congreso rechazan la imposición del FMI y hasta se reitera la posibilidad de romper con ese organismo.
En definitiva, nadie puede estar de acuerdo con imposiciones de los de afuera, que no sufren el deterioro y las penas cargadas por una parte de esta población que las lleva hace tiempo, muy adentro.