La información dada a conocer por el Ministerio de Trabajo acerca de que el índice de labor infantil ha disminuido en un 14% en los últimos 10 años, más que alegrar, demuestra una pírrica reducción y evidencia que la República Dominicana requiere de medidas urgentes, a fin de erradicar de manera definitiva esa situación.
Aunque la noticia resulta hasta cierto punto positiva, lo cierto es que aún es alarmante la cantidad de niños, niñas y adolescentes que se ven obligados a abandonar sus estudios y la magia de su edad, para convertirse en personas con una responsabilidad tan pesada como llevar el sustento a sus hogares.
La investigación detalla que el 8.5%, igual a 212,754 de esa población entre 5 y 17 años, que trabajan en el país, realizan actividades peligrosas tanto para su salud física, mental y desarrollo moral de la infancia, que van desde trabajo en moteles, cabañas y otros medios insolubles.
Además, revela el estudio “Dinámica del Trabajo Infantil en la República Dominicana” que la población trabajadora infantil es de 2.5 millones, lo que representa un 25.85% del total de los ocupados del país, cifra que despierta asombro al más indiferente.
Sin embargo, en las provincias más pobres como Bahoruco, Independencia, Barahona y Pedernales, que concentran el más alto porcentaje de los 380 mil menores de edad que trabajan, el descenso no ha sido notorio.
Tal como lo expresó en su momento el ministro de Trabajo, Francisco Domínguez Brito, es una vergüenza que todavía persista una gran cantidad de infantes que trabajan en condiciones dañinas para su salud y formación.
Resulta indignante que el gobierno afirme con bombos y platillos que para reducir el 86% restante del porcentaje total de los trabajadores infantiles les lleve nueve años más, cuando aplicando un plan estratégico certero, los resultados podrían lograrse en menos tiempo.
