Desde hace algún tiempo se oye hablar con certezas y preocupaciones del futuro inmediato para los pueblos del llamado Tercer Mundo y no es nada alentador que se mencionen despidos de puestos de trabajo, los cuales comenzaron a ser “noticias en mayúsculas”, cuando se referían a los países industrializados del planeta.
Ahora, según publica en estas mismas líneas el colega Ronny Mateo, “cientos de personas que perdieron sus empleos recientemente en República Dominicana abarrotaron este lunes las oficinas de la Secretaría de Trabajo (SET), en busca de que los inspectores de ese organismo le calcularan el monto de recursos correspondiente a sus prestaciones laborales”.
La tasa de desempleo en República Dominicana es alta, según considera la CEPAL, en cifra que alcanza el 16.2%, lo cual significa el doble de la media de América Latina y el Caribe (8.1%). Su comportamiento en los últimos años ha sido de la siguiente forma: en 2002, hubo un 14,50 %, en 2003 fue de 16,50 %; en 2004 llegó al 17,00 %; en 2005 alcanzó el 17,00 %; en 2006 la cifra osciló en un 16,00 %; en 2007 fue también de 16,00% y en 2008 de 15,50%.
El desempleo continúa siendo un reto para la política social del gobierno en el país. Se sabe que más del 54 por ciento de la población ocupada se encuentra en el sector informal; que un 70 por ciento no tiene ningún nivel educativo o sólo ha alcanzado el nivel primario.
De manera que el impacto del crecimiento económico no se refleja en República Dominicana en el mercado laboral, ni en los niveles de desigualdad social, donde el 20% de las familias más ricas del país reciben 14 veces más ingresos que el 20% de las familias más pobres.
República Dominicana está muy lejos de alcanzar los Objetivos del Mileno y de impulsar políticas públicas “de cohesión social que reduzcan la tasa de desempleo a nivel de un dígito, así como generar empleos de calidad”.
La mayor cantidad de los cesanteados consideran que sus despidos se deben a la crisis mundial, pero ya sabemos cuánto de la crisis nos ha tocado, antes de tiempo. La pregunta sigue siendo: ¿qué ocurrirá en los hogares, cuando no entre ni siquiera el salario mínimo, en una sociedad que ha incrementado su canasta básica a grado inusitado?
