Los asesinatos de civiles por parte de policías en República Dominicana ha llevado el tema hasta los medios de comunicación internacionales; mientras que en lo interno, las instituciones defensoras de los Derechos Humanos y diferentes organizaciones del país denuncian el incremento de esa brutalidad policial, “caracterizada por abusos de agentes contra ciudadanos que no cometen ningún tipo de violación a la ley, que daña el clima de convivencia pacífica y la democracia dominicana”.
Se trata, sin duda, de quienes abusan del poder y no sólo disparan sus armas en medio de protestas comunitarias, sino que cometen brutalidades contra ciudadanos y ciudadanas, a quienes matan, reprimen, balean y en ocasiones apresan, violentándoles sus derechos elementales.
Sin hablar de los nombres de quienes han demeritado su labor como defensores de la seguridad social y la democracia y se ven involucrados en bandas de delincuentes y en mafias narcotraficantes. Los medios publican en definitiva que “a pesar de ser pagados por contribuyentes, estos agentes policiales se convierten en los principales enemigos de la sociedad”.
De los supuestos intercambios de disparos se escucha hablar a menudo y del derecho a matar, aun cuando la pena de muerte no existe en la República Dominicana. Los jóvenes de los barrios pobres son los que más llenan las listas de civiles muertos o maltratados a manos policiales.
“Una política de mano dura” dicen los defensores de los Derechos Humanos en el país, aunque los jefes de dicha institución desmienten y aseguran que no es una política institucional. Pero, los casos son tan numerosos que las informaciones quedan en una nebulosa e imponen un análisis y diagnóstico de la situación.
Los ejemplos se agolpan teñidos de sangre y luto. El país se mueve entre círculos de una terrible violencia, pero quienes deben mantener el orden deben “ordenarse a sí mismos”, salvar y cuidar, no asesinar, que ese impúdico acto dista de sus verdaderas funciones.
