La última vez que el sector eléctrico se benefició de un programa real de inversiones, fue en ocasión de la reestructuración efectuada para propiciar el abortado proceso de capitalización. Se entendía entonces que la carencia fundamental era de generación, y se atacó ese déficit de forma efectiva.
Luego se descubrió que no había perspectivas de eficiencia con un parque de generación dependiente de derivados del petróleo, que acometieron una tendencia en alza en principio moderada, luego más acelerada, y, finalmente, insoportable, hasta el advenimiento de la crisis financiera mundial que ha desplomado todo.
Lo peor es que los cuatro años posteriores al inicio de la capitalización se destinaron al objetivo político de desmeritar y revertir ese proceso, y en vez de empezar la sustitución paulatina de una generación que se hacía cada vez más costosa, lo que se hizo fue regresar a la estatización parcial del sistema.
Pasado los cuatro años penosamente perdidos, hemos vivido cinco, que entre altas y bajas, pueden proyectar algunos logros, pero en los que no se ha tocado lo fundamental.
Haciendo abstracción de que el año 2008, por su carácter electoral no es el más propicio para las comparaciones, porque nadie espera que algún político busque la retención del poder incrementando interrupciones del servicio energético, ni aumentado las tarifas, pueden asumirse como auspiciosos los datos expuestos en un artículo escrito por el licenciado Francisco Méndez, superintendente de electricidad:
Los dominicanos consumimos ese año 420 millones de kilovatios más que en el anterior, al pasar de 11, 180 a 11,600; el tiempo de duración de los apagones se redujo en un 50%, puesto que en vez de las 6.2 horas del 2004, pasamos a 3.3 en el 2008; la palabra blackouts, talvez ni se escuchó; de un 34% de circuito con servicio 24 horas, en el 2005, se pasó al 48% en el 2008; el índice de recuperación de efectivos subió de un 44% en 2004 a un 64% en el 2008; Las cobranzas expresadas en dólares, subieron de 60 millones a 95, entre otros componentes.
Sin embargo, de otros datos expuestos por el ingeniero Radhamés Segura, vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas del Estado se colige que en lo nodal, permanecemos en el atraso:
Al parque de generación energética lo define una palabra: obsolescencia.
Haina I y Haina IV, nunca han tenido el mantenimiento adecuado, que ha sido la misma suerte de las Puerto Plata I y II, así como de las Itabo. Ninguna están en buenas condiciones; la Smith Enron, se mantiene vieja y cansada, demandando mantenimientos muy costosos. Tenemos en teoría capacidad para producir unos tres mil megavatios, pero no se generan más de 1,800. Todas dependientes de un petróleo que ahora tiene precios bajos, pero que cuando regresen a la subida nos llevará el Maligno.
Pero ocurre que a la vuelta de la esquina, esto es al 2011, estaremos requiriendo de 4063 megavatios, lo que según el ingeniero Segura implica una inversión que ronda los tres mil millones de dólares, a los que se añaden 300 millones de dólares para mejorar las redes de transmisión y 600 para expansión de redes de media y de baja tensión. Ni hablar de los 440 millones de la deuda corriente acumulada con los generadores.
El peso de la subsidiación del sector no será tan aplastante como el del 2008, por la baja de los combustibles, pero sigue siendo oneroso. Se habla de que por fin se impondrá la focalización del subsidio y la criminalización del fraude eléctrico, como medidas para incrementar la eficiencia.
El sector, por otra parte, siempre ha sido la presa de una guerra de intereses: los deficientes y muy costosos generadores actuales, se oponen a todas las opciones que les desplacen, y en vez de corregir las fallas que hacen que se pierda más de un 30% de los megavatios que deben generar, presionan por un descongelamiento de las tarifas para que los usuarios que pagan, continúen como subsidiarios de la deficiencia.
Sin una oferta contundente de inversión aspiran a que el Estado se eche a un lado en la gestión eléctrica y la deje bajo a total responsabilidad del sector privado, es decir que para lo único que el Gobierno aparezca sea para llevar los sacos de dinero del subsidio.
Sin embargo, parece que desde la rectoría del sector se persiste en un esquema contrario. Lo peor es que no hay una definición sobre lo que se quiere.
Se requiere que el Gobierno asuma la responsabilidad política de decidirse por el esquema que resulte más conveniente para las metas de la nación, colocándose al margen de los intereses y afectando a quien haya que afectar, pero además que muestre voluntad de procurar el financiamiento para la transformación del parque de generación.
Sin una industria eléctrica eficiente y competitiva, no habrá posibilidad de seguir impulsando el desarrollo. No necesitamos más cumbres para repetir lo que sabemos desde hace décadas.
