Lo único que falta, para acabar de rematar la situación de inseguridad social, violencia y criminalidad que vive el país es que quienes cometen actos de sicariato y asesinatos nunca antes vistos en República Dominicana, sean liberados con multas económicas.
Tampoco es saludable que quienes representan el Ministerio Público estén descalificados por las sentencias de jueces de instrucción, porque esto afecta “la salud” y la necesaria armonía que debe integrar la justicia dominicana, sobre todo en momentos tales.
De la flojera de la justicia dominicana se habla en el país y específicamente en Pedernales, el Ministerio Público ha cuestionado la manera en que han sido tratados los casos ventilados en el Juzgado de Instrucción Permanente de esta ciudad, a cuyos jueces acusaron de ser “permisivos, complacientes y de dictar sentencias alegres, que no llenan las expectativas de la sociedad”.
A casos en los cuales se presentaron pruebas contundentes les fueron variadas las medidas de coerción y por tal motivo la procuradora fiscal, Eudice Elena Fernández Pérez, acompañada de los magistrados Maritza Díaz Corcino y Eleuterio Cuevas Hernández, fiscales adjuntos de Pedernales cuestionaron con preguntas que parecen ser dichas por dominicanas y dominicanos a todo lo largo y ancho del territorio nacional, que viven a merced de los atracos, muertes, saqueos y tráfico de drogas, entre otros muchos delitos.
“¿Cómo en un momento en el que estamos viviendo y se está exigiendo seguridad ciudadana, sean los actores del sistema de justicia quienes se conviertan en instrumentos débiles, y que le rindamos un flaco servicio a la sociedad, que exige cada día protección?”.
Por supuesto: ¡No a las “sentencias alegres”!
