RD: Narco y trata, crimen y rentabilidad

(Especial de SEMlac).- Pese a los esfuerzos del gobierno dominicano por enfrentar la trata de personas, este tipo de explotación se acentúa aún más en este país caribeño, con nefastas secuelas para la infancia y las mujeres.
 
Entre los pasos gubernamentales se incluye la creación de la Comisión Interinstitucional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito (CITIM) y un Plan Nacional de Combate a la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes, 2009-2014.
 
Sin embargo, el problema crece por la desigualdad en el acceso a educación y formación de las niñas respecto a los niños, prefijada por una larga cultura de actitudes machistas; la discriminación en el mercado laboral, la violencia intrafamiliar y la feminización de la pobreza.
 
Ya en noviembre de 2010, la directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWALC por sus siglas en inglés), Teresa Ulloa, comentó la deplorable situación de República Dominicana en este tema, que comparte similar situación con Haití, Brasil, Argentina y México, este último en el primer lugar en producción de pornografía infantil.
 
Los roles de género marcadamente discriminatorios para ellas, responsables como única cabeza del hogar o con cargas familiares no compartidas, multiplican sus tragedias, derivadas del frecuente crimen de violaciones y otras situaciones de las cuales intentan huir buscando oportunidades en el extranjero. Según la directora de la CATWALC, de cada 10 personas que son objeto de trata, por lo menos dos son menores de edad.
 
Un Informe del Departamento de Estado estadounidense, divulgado a fines de 20103, califica a República Dominicana como «país de origen, de tránsito y de destino para hombres, mujeres y niños que son traficados con el propósito de ser explotados sexualmente y de ser sometidos al trabajo forzado», y la ubica en la categoría III, reservada a naciones que han hecho poco por frenar el comercio de seres humanos.
 
La embajadora encargada de asuntos de género en el Ministerio de Relaciones Exteriores, la reconocida intelectual y poeta Luisa (Chiqui) Vicioso4, contó a SEMlac que, recientemente, escribió un artículo «donde confirmo la denuncia de que se está tratando con la niñez haitiana y dominicana, y hago un recuento que incluye datos por encima de los oficiales», precisó.
 
Al mismo tiempo, alertó sobre el matiz político de las categorizaciones: «no es posible que a Cuba y Dominicana las categoricen en el peor nivel, el 3, y a Colombia, la Israel de América, le den la categoría: 1. Al politizar el tema, lo desacreditan», agregó.
 
A su juicio, las causas de este perverso flujo comercial «hay que buscarlas siempre en la pobreza y el desempleo» y «en que la demanda de mano de obra en Europa es para trabajadoras de servicio, incluidas domésticas, del sexo, cuidadoras de niños y de ancianos».
 
Autora de obras de teatro y poesía, en muchas de las cuales dirige su mirada hacia las mujeres, Vicioso añadió, con dejo de amargura, que «las mujeres pobres se han echado arriba la irresponsabilidad social de sus Estados» y aludió a sus remesas, «que cubren las necesidades básicas que nuestros gobiernos descuidan: salud, nutrición, vivienda y educación».
 
Al margen de otras consideraciones, lo cierto es que la trata y el tráfico de personas no sólo existe, sino que crece en República Dominicana, según reconoció a SEMlac la doctora Rosario Graciano de los Santos5, ex viceministra de Relaciones Exteriores a cargo de Asuntos Migratorios, y ahora jueza de la Junta Central Electoral.
 
Los principales destinos para la prostitución de dominicanas son Argentina, Australia, Brasil, Costa Rica, Chipre, Panamá, Haití, Jamaica, los Países Bajos, Panamá, Eslovenia, Surinam, Suiza, Turquía y Venezuela.
 
La tragedia se magnifica en la infancia haitiana
 
El turismo sexual infantil se destaca como uno de los mayores problemas, particularmente en las áreas hoteleras de las costas, con turistas que, según informes, suman miles y llegan durante todo el año desde varios países, particularmente España, Italia, Alemania, Canadá y los Estados Unidos, en buscan de sexo infantil.
 
El dominicano Centro de Orientación Integral (COIN) trabaja con migrantes y «regresadas», pero no es nada fácil reinsertarlas al contexto social. No pocas vuelven a huir de su pobreza e, inclusive, de hogares violentos y parejas crueles. «A ello se suma que la mayoría ignora sus derechos humanos y vuelven a caer frente a redes de tratantes», opina Marianela Carvajal6, joven ejecutiva de COIN.
 
«Las tasas de desempleo de 16,2 por ciento, equivalente al doble de la media en Latinoamérica –que es de ocho por ciento–, afecta mayormente a mujeres, niñas y niños», dijo Carvajal.
 
Para la ejecutiva de COIN, «ello puede influir en que las personas sean engañadas por traficantes, que les buscan precisamente en las zonas más deprimidas y pobres del país. Las nacionalidades más comunes de las traficadas son haitiana, cubana, china, colombiana, ecuatoriana… que buscan, al igual que las y los dominicanos, un mejor futuro «, sostiene.
 
En un encuentro sobre trata y tráfico, convocado en junio de 2010 por la cancillería dominicana, se subrayó como factores de riesgo que las mujeres son más vulnerables y más aún la infancia, en particular la haitiana.
 
No es falso que madres y padres, en la frontera entre República Dominicana y Haití, vendían a sus hijos por unos pocos pesos, ante la angustia de tener que verlos morir de hambre en su propia familia. Tampoco es menos cierta la labor de mujeres que preparan con barro galletas de tierra, amasadas con agua y puestas a secar al sol.
 
Aunque faltan datos cuantitativos, se sabe que la migración dominicana es eminentemente femenina; que las mujeres son usadas como moneda de cambio y satisfacción sexual; y que las demandas de los mercados foráneos en materia de empleo dan prioridad a los servicios sexuales y, en cierta medida, algunos trabajos considerados «femeninos»: cuidadoras y domésticas en particular.
 
Trata y narcotráfico, un vínculo execrable
 
La vulnerabilidad del país se intensifica por la pobreza y se agrava con la irresuelta lucha contra el narcotráfico, lo que genera una diversificación de nuevos métodos empleados por las organizaciones criminales, que encuentran en la trata de personas, piratería y secuestros, diferentes vías para el traslado de las drogas y comercio sexual, con lo cual obtienen cuantiosos recursos.
 
Según las Naciones Unidas, la trata es el tercer negocio ilícito más redituable en el mundo, después del tráfico de estupefacientes y armas. Sus ganancias rebasan 30.000 millones de dólares anuales.
 
Las edades de las dominicanas que enfrentan inescrupulosas actuaciones de redes o individuos encargados del tráfico oscilan entre 18 y 24 años de edad, aunque se estima que más de un millón 200.000 millones de menores caen en manos de las mafias internacionales, de los cuales 95 por ciento sufre violencia física o sexual y 43 por ciento es forzado a la prostitución, servicios domésticos u otros trabajos esclavizantes.
 
En 2009 la Constitución dominicana consignó la prohibición de la trata y tráfico de personas en todas sus formas, a fin de instituir el cumplimiento de convenios internacionales suscritos7 sobre el tema que, como en otros muchos casos, pocas veces se cumplen por falta de reglamentaciones, vigilancia o seguimiento suficientes.
 
Lo que no admite discusión alguna es lo dicho a SEMlac por la doctora Lilliam Fondeur8: «ninguna persona se autotrata».
 
Las estadísticas reflejaban, hace dos años, que unas 300.000 dominicanas realizaban trabajo sexual fuera del país; en tanto, otras 200.000 habrían sido o estaban en riesgo de ser traficadas9. La primera dama, Margarita Cedeño de Fernández, aseguró a mediados del pasado año que al menos 50.000 dominicanas en el mundo son sometidas a prácticas consideradas como trata.
 
En abril último, las representantes del Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana (COMMCA) celebraron en El Salvador el Primer Encuentro Centroamericano sobre la Trata de Mujeres, donde se exhortó a cada país a promover legislaciones y políticas para la prevención del problema y la atención profesional de las víctimas, así como destinar fuerzas y recursos para hacerlas cumplir.
 
RECUADRO
 
Se prevén más muertes maternas
 
De enero a marzo de 2011, la mortalidad materna se incrementó con el fallecimiento de 34 madres10, y la mortalidad infantil con 346 niños, todo ello pese al alto subregistro estimado en los reportes hospitalarios.
 
El año pasado ocurrieron 188 muertes maternas11, un mal que parece no tener fin, según especialistas. El doctor Milciades Albert, presidente de los Ginecólogos en República Dominicana, las considera «un hecho inaceptable, una vergüenza», pues «mueren las pobres, que van a los hospitales del Estado».
 
A inicios de abril pasado, la colega Altagracia Ortiz, del periódico Hoy, hizo la cuenta: por cada mes transcurrido de 2001, fallecieron 11,3 mujeres, la mayoría jóvenes, con la condición siempre presente de muy escasos recursos: las que no pueden acudir a clínicas privadas.
 
Las estadísticas de la Sociedad Dominicana de Obstetricia y Ginecología señalan que la mortalidad materna es superior a 158 por cada 100.000 nacimientos; y la tasa de mortalidad infantil es de 31 por cada 1.000 nacidos vivos, uno de los índices más altos en la región12.
 
Para la directora del Seguro Nacional de Salud (SENASA), Altagracia Guzmán Marcelino, son muertes evitables, «pues al 99,9 por ciento, incluyendo aquellas cardiópatas que llevan un embarazo, se les puede dar seguimiento y no fallecen», sostiene.
 
Agrega que 98 por ciento de los partos se realizan en centros hospitalarios y por médicos. «El problema es el servicio: aparte de la calidad de la práctica médica, faltan los insumo. Las direcciones de los hospitales deben garantizar que el médico o médica tenga las condiciones para hacer ese parto», indica.
 
Las propuestas de modificaciones al Código Penal están cursando ya en el Congreso, con varias cláusulas nocivas para las mujeres, pues el aborto, penalizado sin excepciones, incrementará el número de víctimas.
 
La ginecobstetra Lilliam Fondeur, articulista y autora de Las hijas de nadie, un libro de testimonios e historias salidas de las propias hojas clínicas que tiene en su consultorio, advirtió a SEMlac que «existe un interés marcado en acusar a las y los prestadores de servicios de salud» por la baja calidad de la atención. «Mientras insistan en maquillar las reales causas, la mortalidad materna no experimentará la baja», sostuvo.
 
Entre las limitaciones que inciden negativamente, mencionó la falta de recursos como un banco de sangre, con paquetes globulares disponibles para asistir emergencias obstétricas; la poca motivación y preparación de las y los prestadores de servicio, así como la carencia de un equipo de emergencias quirúrgicas con personal calificado.
 
Tampoco se dispone de políticas comprometidas para evitar los embarazos no deseados. «Las campañas de prevención se centran en posponer el inicio de la relación sexual. Niñas, jóvenes y mujeres adultas que llegan al hospital embarazadas de término o con aborto incompleto, salen sin métodos anticonceptivos; algunas son esterilizadas», describe.
 
Desde su punto de vista, los discursos se contradicen con la realidad. Mientras 475 farmacias estatales, repartidas por el país, promueven la venta de medicamentos esenciales, en sus listas no incluyen anticonceptivos ni preservativos. «El Estado no los considera medicamentos esenciales», precisa.
 
En su opinión, en manos del movimiento de mujeres queda seguir una concientización constante y efectiva para evitar embarazos no deseados; educar a la población sobre temas de derechos humanos, sexuales y reproductivos, y el derecho a la vida, incluidas las mujeres, junto a la promoción de campañas que evidencien que «las muertes evitables son una estrategia a considerar».
 
Se precisa de «un abordaje integral del aborto, que incluya aspectos legales, médicos y sociales, pues lo que está en peligro es, precisamente, la salud y las vidas de las mujeres», dijo Sergia Galván13, directora Ejecutiva de la Colectiva Mujer y Salud, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a finales de marzo último.
 
Un acuerdo reciente del Foro Feminista dominicano fue, justamente, desplegarse por hospitales y comunidades para obtener información fidedigna y que estas muertes de mujeres no sean enmascaradas ni pasen inadvertidas. Porque no es nada raro que una mujer con una interrupción en curso muera de hemorragia y en los reportes hospitalarios se consignen otras causales.
 
RECUADRO
 
 
Las ITS y el VIH/sida: ¿Quién contagia a quién en República Dominicana?
A principios de 2010, el ministerio de Estado de Salud Pública y Asistencia Social ejecutó un presupuesto histórico de 1,952 millones pesos dominicanos (alrededor de 50millones de dólares) dirigidos a los 14 programas de prevención de salud colectiva, entre los que figura el VIH/sida.
 
Sin embargo, en agosto pasado, el Programa de las Naciones Unidas para el Sida (Onusida) y el Consejo Presidencial del Sida (Copresida) denunciaron «que la burocracia mantiene empantanado un proyecto de inclusión en la seguridad social de las personas que viven con VIH14». Lo que, según Gustavo Rojas Lara, director del Copresida, «es una falta de respeto para el pueblo dominicano», pues «tiene más de dos años en el Consejo de la Seguridad Social», sin darle respuesta a la ciudadanía.
 
Datos de la Encuesta Demográfica y de Salud (ENDESA)/Santo Domingo, del Centro de Estudios Sociales y Demográficos, realizada en 2002, indican una discreta disminución de las personas infectadas.
 
Según UNICEF, 18 por ciento de los casos de sida del país corresponde a la población entre 15 y 24 años de edad, con posibilidad de haber contraído el VIH en años previos. En ese grupo, casi la mitad (48%) son mujeres, en un porcentaje que casi duplica el de las adultas en igual situación.
 
Las cifras confirman la mayor vulnerabilidad al VIH/sida de las mujeres, especialmente adolescentes, debido a patrones socio-culturales determinados por su condición de género: ellas se protejan menos que sus pares varones.
 
Solo 10,6 por ciento de las adolescentes entre 15 y 19 años usó el condón con cualquier compañero, contrastando con 46,9 por ciento de los adolescentes. Además, la mayoría no cuenta con información sobre las Infecciones de Transmisión Sexual.
 
A finales de 2000, el Programa Común de las Naciones Unidas para el VIH/sida (UNAIDS)15 informó que en República Dominicana entre 150.000 y 170.000 personas vivían con VIHm de las cuales dos por ciento eran mujeres embarazadas. Cerca de 7.900 niños y niñas quedaron huérfanos por esta causa desde el comienzo de la epidemia, hasta esa fecha y 5.120 menores de 15 años estaban infectados con VIH.. Además, 70 por ciento las infecciones por VIH eran transmitidas por contacto heterosexual.
 
Encuestas publicadas por la Red Dominicana de Personas que Viven con VIH (Redovih) indican que las mujeres se contagian más, debido a «la infidelidad como institución», que entraña una cultura machista. «Según la primera encuesta sobre sexualidad del dominicano de Omnicom Media Group, 73 por ciento de los hombres reconoce haber sido infiel, contra 27 por ciento de las mujeres».
 
La presidenta de Redovih, Dulce Almonte, resume: «Se entiende que el hombre puede tener 10 mujeres y que la mujer tiene que ser solo de uno».
Los datos más recientes entregados por la Dirección de Control de Las Infecciones de Transmisión Sexual y Sida (DIGECITSS) indican que en el país «la tasa de transmisión vertical es de 7,6 por ciento.
 
Almonte acusa: «Una cesárea equivale a 50 por ciento de posibilidades de que el bebé nazca sano, pero a la mayoría de las mujeres no las internan a las 38 semanas para hacerle la cesárea, que es lo que manda el protocolo. La cantidad de mujeres VIH positiva que da a luz por parto es muy alta, por eso el Programa de Transmisión Vertical es un fracaso».
 
Otros estudio relevante de Profamilia, titulado «República Dominicana: Estigma y discriminación en personas que viven con el VIH», asegura que casi 30 por ciento de las mujeres fueron aconsejadas por un profesional de la salud para no tener más hijos y casi 20 por ciento informó haber sido coaccionada para esterilizarse16.
 
La misma fuente mostraba que 4,3 por ciento de quienes habían sufrido alguna ITS tenía VIH/sida, y se señalaban entre otras afecciones más comunes en el país, la blenorragia, chancroide, linfogranuloma venéreo, granuloma inguinal, condilomas acuminados, gonorrea, sífilis, tricomoniasis, clamidiasis, linfogranuloma venéreo, vaginosis por corinebacterium y gardnerella, verrugas genitales, herpes simple y hepatitis B.
 
No faltan quienes culpabilizan a las mujeres que realizan trabajo sexual por el incremento del VIH en ese segmento. Jacqueline Montero17, directora del Movimiento de Mujeres Unidas (MODEMU), con un trabajo tenaz de muchos años, ha conseguido organizar a estas trabajadoras y que se protejan, exijan condón a sus clientes y se sientan dignificadas, pese a los estigmas.
 
Montero también ha sido víctima de la prostitución, pero su liderazgo, lucidez y trabajo son tales que, en el municipio portuario donde vive, Haina, a unos 40 minutos de Santo Domingo, la capital, en las elecciones de mayo de 2010, fue elegida Regidora, un cago equivalente al de Concejal en otras regiones. No le faltaron detractores, claro está. Entre estos, muchos le enrostraban el trabajo que realizó en el pasado como trabajadora seuxal.
 
Montero afirmó a SEMlac que el incremento de personas con VIH/sida no se debe a las trabajadoras sexuales, quienes se protegen con todos sus clientes, según sus investigaciones. Ella asegura que estas mujeres no contraen el virus por el trabajo sexual, sino por su pareja de confianza.
 
Ante la interrogante de ¿quién contagia a quién?, Montero señala como culpables a los pervertidos sexuales, muchos de ellos adictos, a las «sustancias prohibidas» y a algunas personas que carecen de conocimiento e información sobre el VIH y el uso correcto del condón.
 
Un debate que en algunas partes del mundo está abierto es el de si hay mujeres que hacen trabajo sexual por decisión o si esto es fruto de la necesidad más apremiante. Ella fue enfática en su respuesta: «ninguna mujer hace trabajo sexual por voluntad propia, lo hace por necesidad», aseguró la directora del MODEMU.

Compartir esta publicación:

WhatsApp
Facebook
X
LinkedIn
Pinterest

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *