El Superintendente de Electricidad anunció para el 20 de febrero el inicio de la aplicación de las disposiciones de la Ley 186-07 que tienen como propósito sancionar todas las actividades relacionadas con el fraude eléctrico.
Un acontecimiento trascendental en la historia de la industria eléctrica. Francisco Méndez hizo estas declaraciones en un acto que se llevó a cabo en presencia de los representantes de las distribuidoras, el Procurador Eléctrico, Digenor y medios de comunicación, en el Hotel Santo Domingo.
Por esta razón, en el año 2008, el gobierno tuvo que destinar más de US$740 millones sólo para cubrir el déficit de las empresas distribuidoras, obviamente, esta sangría de recursos del Estado no puede continuar.
La misma voluntad política que ha existido en el Gobierno que encabeza el Excelentísimo Señor Presidente de la República Dr. Leonel Fernández, para destinar cuantiosos recursos al sostenimiento de las empresas distribuidoras, también se tiene para conjurar el problema del fraude eléctrico en la República Dominicana.
Añadió que llegó el momento de ponerle un alto a la práctica ya generalizada del robo de la energía eléctrica en nuestro país.
La sociedad está demandando cada día continuidad en el servicio, porque aspira a una mejor calidad de vida; los sectores productivos demandan además un menor precio para ser más competitivos, y el Gobierno necesita reorientar los recursos que hoy destina al subsidio eléctrico a sectores tales como salud, educación, seguridad, infraestructura, entre otros.
El espíritu de la Ley es de carácter disuasivo, no obstante, se espera por parte de los usuarios fraudulentos el abandono generalizado de todo intento de consumo ilegal de energía eléctrica y la normalización de sus suministros, preferiblemente de manera voluntaria.
Destacó que la Ley es de doble vía, por tanto, en lo que respecta a las empresas distribuidoras, se espera que mejoren el servicio comercial, dejando a un lado prácticas inadecuadas sancionadas por la Ley en lo que tiene que ver con:
(I) Retraso en el restablecimiento del servicio suspendido por falta de pago;
(II) Retraso en la habilitación de nuevos suministros;
(III) Suspensión indebida del suministro y
(IV) Estimaciones consecutivas en la facturación en clientes con medidor.
Finalizó haciendo un llamado de solidaridad y respaldo a los medios de comunicación y a la sociedad en su conjunto, para que todos unidos enfrentemos con decisión este mal que impide el desarrollo de una industria eléctrica financieramente autosostenible que sirva de base al progreso económico de nuestro país.
