Tras seis años de la implementación del Programa Barrio Seguro, representantes de la sociedad lo califican como un intento fallido del gobierno en su lucha contra la delincuencia y la inseguridad ciudadana que viven los sectores populares del país.
Un informe presentado al presidente Leonel Fernández por representantes de entidades gubernamentales que integran el programa Barrio Seguro, indican que las demandas prioritarias de los barrios son: abastecimiento de agua potable, bacheos de calles, combate del ruido de los colmadones y reforzamiento del patrullaje policial.
En ese sentido, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Manuel María Mercedes, considera que el programa Barrio Seguro ha fracasado, porque no tiene una estrategia clara y específica para combatir las causas que crean la inseguridad.
“Barrio Seguro sólo se ha visto desde la perspectiva de la militarización, pero no van a los problemas sociales como desempleo, salud, vivienda, educación, oportunidades de desarrollo, entre otras necesidades de la sociedad”, explicó María Mercedes.
De igual opinión es el sacerdote Wilfredo Montaño, párroco de la Iglesia Santa Clara, en Capotillo, quien critica el papel represivo y no preventivo que desarrolla Barrio Seguro, olvidándose de aplicar medidas que impulsen el bienestar de la comunidad.
“Ese programa va a funcionar cuando todas las instituciones y ministerios del Estado comiencen a trabajar unidos y, además, incluyan a todas las iglesias y grupos sociales en el trabajo de recuperación. Hay que integrar a todos los sectores, porque Barrio Seguro no será tan seguro si los moradores no se introducen en la medidas de cambios”, sostuvo.
Víctimas de 2011
Estadísticas suministradas por el presidente de la CNDH, que a su vez provienen de la propia Policía Nacional en sus boletines diarios sobre hechos violentos o cotejados con las publicaciones de los periódicos, así como en la relación de muertes que consigna el registro del Instituto Nacional de Patología Forense, indican que en el primer semestre del año 2011, entre 24 y 28 personas perdieron la vida cada mes en los denominados intercambios de disparos con agentes policiales.
Del primero de enero al 30 de junio del año en curso, la cantidad de víctimas en circunstancias atribuidas a la delincuencia común ascienden a 175, un promedio de 29.1 personas muertas por mes.
La relación mes por mes de las 175 víctimas civiles en intercambios con la Policía es: 17 en enero; febrero: 19; marzo: 35; abril: 33; mayo: 38 y 33 en junio. De estas 96 muertes tenían edades entre 15 y 21 años y 79 entre los 22 y 46 años.
El departamento de Estadísticas de la Policía Nacional informó que para igual período murieron 25 agentes y 19 militares en conflictos sociales con civiles, de los cuales 13 fueron en intercambios.
Años anteriores
Según datos ofrecidos por CNDH, en 2010, la inseguridad ciudadana y la violencia dominaron el panorama social de República Dominicana. Unas 2,155 personas perdieron la vida en hechos violentos.
En intercambios de disparos con la Policía Nacional, de acuerdo con denuncias y cifras oficiales, 478 individuos perecieron. Del primero de enero, al 16 de agosto, bajo la jefatura del mayor general Rafael Guillermo Guzmán Fermín, 429 personas perdieron la vida, el resto se le atribuye a la jefatura del mayor general Polanco Gómez.
Comparado con el año 2009, donde murieron 400 personas, en 2010 los intercambios de disparos se incrementaron en un 16% y seis miembros de la Policía perdieron la vida en el cumplimiento de su trabajo.
Asaltos, robos, riñas y violencia de género se hallan entre las principales causas de muertes violentas y se estima que en más del 60% de los hechos delictivos violentos hay involucrados agentes de la Policía y militares.
El involucramiento militares o uniformados en violencia delictiva pudo registrarse tanto en “intercambio de disparos” hasta tráfico de drogas, asaltos, robos, extorsión y feminicidios.
En tal sentido, el entonces ministro de Interior y Policía, Franklin Almeyda Rancier, afirmó: “La Policía ha disparado la tasa de criminalidad en 3.4% debido a la incapacidad en el manejo de las técnicas policiales”.
En 2010, el sicariato se incrementó y, lamentablemente, estuvieron involucrados desde generales hasta guardias rasos.
En la reunión relámpago realizada recientemente por el Presidente de la República, Leonel Fernández, con quienes han asumido la responsabilidad de hacer realidad el programa Barrio Seguro en el país, entre las demandas que urgen se resaltó la necesidad de fortalecer el patrullaje policial.
República Dominicana vive días de constante sobresalto y la población requiere y exige paz. La delincuencia ha derivado acontecimiento diario en barrios y comunidades, sin distinción geográfica. La dirección del país comprende que de no cumplirse los acuerdos barriales, la situación empeoraría y retomar el control sería mucho más difícil.
