La República Dominicana vive una situación difícil.
Existe el sálvese quien pueda porque nadie escapa a la violencia, los atracos y los asesinatos. No somos México y nos parecemos a México.
Aquí se mata.
Aquí se ejecutan ajustes de cuentas.
Aquí asesinan periodistas.
Aquí nadie se sorprende de nada y la gente no reacciona.
El principio “de que todo efecto tiene su causa” encaja perfectamente a la aplicación del llamado Código Procesal Dominicano, un invento de un grupo de la llamada sociedad civil que urdió, planificó y puso en vigencia esta herramienta judicial como parte del Código Iberoamericano, y que en Argentina se llevó al Encuentro la Seguridad y el Orden. Los resultados desastrosos de este código garantita provocó la inseguridad y el crimen en ese país teniendo que abolirlo.
La sociedad dominicana está desesperada por las decisiones de los jueces que se amparan en este código, dejando que los delincuentes actúen a la libre aprovechando las bondades de este.
Algunos jueces y fiscales irresponsables salen de fin de semana cada viernes y es a partir de ese momento que los delincuentes se activan, porque saben que a pesar de ser apresados en delito in fraganti, la policía tiene seis horas para legalizar la prisión mediante una orden escrita de un fiscal para que el juez de atención de la pena la certifique. Es decir, que de viernes a lunes transcurre el tiempo para que un abogado experto reclame que la prisión de su cliente es irregular y que debe ser dejado inmediatamente en libertad y así sucede, no importa que tenga fichas en la policía y la justicia, no importa que haya atracado, asesinado, vendiera drogas o cometiera otra acción delictiva, para eso está el código que lo protege.
El periodista Orión Mejía y su familia acaban de vivir una de estas pesadillas, dos delincuentes en su propia residencia le colocaron a una niña de meses en pistola a la cabeza, para que nadie se moviera. Este hecho ha conmocionado a la familia periodística que reclama justicia y por la eficiencia de la policía en menos de 24 horas, los autores de fueron apresados hasta que llegaron donde un juez de esos irresponsables que dejó a estos dos bandoleros en libertad, fuera por el argumento de falta de pruebas o una dichosa garantía económica.
La gente, cuando se entera de esto exclama: “suerte que lo dejaron vivo”. Así vivimos y así estamos donde la policía hace su trabajo, ganándole la guerra a la delincuencia en las calles y perdiendo batallas en los tribunales.
Esto hay que ponerlo un alto y la ciudadanía debe organizarse, no para hacerse justicia con sus propias manos, sino para concentrarse en los tribunales donde los jueces dejan en libertad a homicidas, traficantes de drogas, atracadores y malandros de la peor calaña. Entre tanto, se debe exigir a los legisladores que revisen el maldito código que solamente sirve a los ladrones, asesinos profesionales, funcionarios corruptos, narcotraficantes y al crimen organizado.
El Código Procesal Dominicano es un adefesio jurídico que debe ser quemado en el Altar de la Patria, para darle paso a un instrumento de justicia que acabe con la impunidad.
Es lo menos que se puede pedir para salir de esta España boba en la justicia.
