La delincuencia juvenil en República Dominicana se ha incrementado de forma alarmante en los últimos años y como consecuencia de este fatal crecimiento y de la creciente gravedad de sus hechos delictivos, ha llegado a ser una amenaza directa para el desarrollo de la sociedad.
La inadaptación social y la delincuencia, principalmente de los infantes y adolescente constituyen un problema social y científico-pedagógico que genera seria preocupación.
La delincuencia se conoce como el fenómeno de delinquir o cometer actos fuera de los estatutos impuestos por la sociedad. Las causas por las que un joven puede introducirse en ese mundo de penalidades es complejo.
El problema que plantea la delincuencia constituye uno de los rasgos más característicos de nuestra época. El infractor pertenece a una cultura determinada de la que parten una serie de elementos que conjugan ciertas actitudes y patrones de comportamiento que le dan una identidad y un reconocimiento social propio.
Para la sicóloga industrial de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), Xiomara Batista, las causas que pueden llevar a una persona a delinquir son diversas: de orígenes orgánicos, fisiológicas, patológicas, influencias externas como el medio en el que se desarrollan los primeros años de su vida, la carencia de afecto y atención por parte de los padres o, simplemente, mala orientación.
A juicio de la experimentada, esta problemática radica principalmente en la fragmentación de la familia. “La supervisión de los padres de esta generación no se da con la misma regularidad y seguimiento que se llevaba en tiempos atrás, a eso le se suma que se han perdido una series de valores fundamentales dentro de la convivencia familiar”, precisa
Pero, para la profesional de la sicología, no solo influyen esos factores, sino que hay otros elementos como poca educación y el mundo del consumismo que se lleva hoy día, son algunos de los causantes que estimulan a los jóvenes que no tienen esa capacidad emocional y lo apresan esas atracciones, explica Batista.
Sin embargo, reconoce la especialista que no se puede desligar la parte económica de esta problemática, pues tiene que ver con la subsistencia y al hecho de dar respuesta a las condiciones de alimentación y vestimenta. O sea, si hay problemas con carencias en términos económicos, se reflejan de alguna manera, aunque- aclara-, “esa condición influye en el auge de la delincuencia, no la determina”.
En cambio, el sociólogo Luis Geraldo Ramírez, al referirse al tema, afirma que la actuación de los adolescentes en acciones delictivas, no solo se debe a su desempleo, sino al de los padres, ya que ellos no tienen los ingresos suficientes para una vida digna y con un nivel bajo en educación no asimilan las consecuencias.
Asegura el profesor que los medios de sobrevivencia que les proporciona la sociedad a los adolescentes son cada vez más inaccesibles, al tiempo que agrega que la dificultad de no poder costear su participación en un régimen escolar, o de no tener un empleo en condiciones estables y de remuneración adecuada, inciden negativamente.
Todo eso hace que esos adolescentes estén perturbados por una presión social que implica, para ellos, “ser anónimos en sus comunidades, ante un horizonte deprimente y falta de perspectivas futuras”. Entiende que es esa presión la que los lleva a buscar el reconocimiento de su comunidad a través de actividades delictivas, reflexiona Geraldo Ramírez.
Otro factor que incide es el bajo nivel de educación de los padres, que no les permite incidir en la toma de conciencia y la construcción de los valores: “en comparación con el poder de los medios y todo lo que muestra el mundo del internet sin un colador, lo cual influye latentemente en las vida de los jóvenes”, enfatizó.
El pedagogo se mostró partidario de que lo primordial ante la situación es la inversión en la educación y la definición de un sistema que garantice la calidad en esa área, así como el hecho de que se desarrollen sistemas de supervisión, evaluación y otros.
Juan Lugo, profesor de Estadísticas, apunta que para disminuir la ola creciente de casos de menores que delinquen, solo el Estado puede actuar con efectividad, generando políticas públicas que les brinden la oportunidad de poder insertarse en el mundo laboral.
“Hay que implementar programas que les integren a la sociedad, realizar acuerdos con empresas para que participen en diferentes actividades”. El Estadista entiende que toda política de aplicación de la ley en los adolecentes debe estar inspirada en una perspectiva educativa e inclusiva y de segunda oportunidad, para su posterior reinserción social como ciudadano bienhechor.
Estadísticas de delitos
El 34% por ciento de los hechos delictivos que cometen los delincuentes menores corresponde a delitos de robo agravado, y el 32%, homicidios, siendo estos los delitos más comunes, según datos del departamento de Estadística, de la Procuraduría General de la República.
Hasta el 30 de septiembre del 2010, las matrículas de tipo penal en caso de menores en conflicto con la Ley, anotan: 172 casos por robo agravado; 162 homicidios; 62 por violación a la ley de drogas; 76: violación sexual; 17: golpes y heridas y 9 por portar armas.
Intentos de homicidio, golpes y heridas, robos y drogas, son los delitos en los cuales más incurren los menores de edad recluidos en las diferentes correccionales del país.
Las violaciones a la ley penal en menores de 16 a 17 años, son más frecuentes que en aquellos con edades entre 13 y 15 años, según un informe de la Dirección Nacional de Atención Integral de Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, de la Procuraduría General de la República.
El inventario suministrado por la entidad acerca del total de menores recluidos en los diferentes centros reformatorios, refleja que un total de 503 menores se encuentran privados de libertad y con conflicto con la ley.
En el Centro de Evacuación y Referimiento Cermenor, en la actualidad hay 37 adolescentes recluidos, mientras que en el Instituto de Niñas de Santo Domingo 28. En la correccional de Najayo, San Cristóbal existen 256 confinados; en tanto que en la penitenciaría Máximo Álvarez, La Vega: 74 y en la de Manoguayabo, 31 menores.
El Centro Reformatorio de Santiago, alberga 47 menores; mientras que el Centro de Detención Destacamento Villa Juana DN, aloja cuatro; así como en la preparatoria de Barahona se hallan tres y en Detención de Menores de la demarcación de Higuey permanecer 13 y en la de San Pedro de Macorís, dos.
De acuerdo a las estadísticas, la provincia de San Cristóbal es la que mayor número de penados tiene en centros de reclusión, seguidos por la jurisdicción de La Vega.
Como muestran las estadísticas, la violencia juvenil constituye un grave problema para República Dominicana. El combate a ese flagelo resulta imprescindible para enfrentar y disminuir los hechos delictivos y de violencia: un verdadero desafío para el Estado y el resto de los organismos competentes, más aún si se tiene en cuenta que se trata de la más joven generación la que más incurre en tales actos.
