La presidenta del Consejo Nacional de Drogas, Mabel Féliz, está inconforme con la modificación hecha por la Cámara de Diputados a la Ley 72-00 de Lavado de Activos, que asigna a la institución el 25% de los bienes incautados por esa actividad ilícita, al considerar que no fue consensuada, mientras que el procurador general de la República, Radhamés Jiménez Peña, la valora justa.
Féliz calificó como apresurada la decisión tomada en la Cámara Baja del Congreso e insistió en que esa modificación debe ser más profunda, bajo consensos y no limitarse a un artículo para repartir dinero, porque la prevención de drogas es la base de toda sociedad que padece ese mal.
En tanto, Jiménez Peña dijo que hubo acuerdos entre las instituciones envueltas en el combate al narcotráfico para aprobar las modificaciones a la Ley, pero al final dejaron en manos de los legisladores la asignación de los porcentajes y las partidas que entiendan.
Ambos funcionarios expusieron sus consideraciones previo a participar en el Seminario Visión, Estrategia de la Seguridad Pública, organizado por la Policía Nacional.
En su sesión del martes, la Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 33 de la Ley 72-00 de Lavado de Activos, el cual asignará un 30% a la Procuraduría General de la República.
La iniciativa ahora distribuirá los demás recursos en un 30% a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD); 25% al Consejo Nacional de Drogas (CND) y un 15% a las Organizaciones No Gubernamentales que trabajan en la prevención del consumo de estupefacientes.
La pieza inicial planteaba que los recursos generados por la legislación fueran distribuidos en un 25% para la Procuraduría, un 25% para el CND, igual proporción para la DNCD, un 15% para las ONG que trabajan en la prevención de dicho consumo, y un 10% para el Ministerio de Deportes.
