Significa un verdadero fracaso para el Ministerio de Salud Pública informar que se hayan clausurado doce establecimientos de salud en Espaillat, San Pedro de Macorís, Peravia y San Cristóbal “por operar ilegalmente y no cumplir adecuadamente los estándares de calidad establecidos”.
En medio de los casos de cólera que ya han producido muertes en el país y las amenazas de otras enfermedades que se intensifican en estos días de lluvias, la población dominicana debía ser informada de nuevos servicios médicos, de perfeccionamiento de los ya existentes y no de cierres de estos.
El comunicado de prensa informa que entre los centros cerrados por Salud Pública se encuentran laboratorios, bancos de sangre, consultorios dental y médicos y si bien es cierto que no hay otra manera de actuar cuando se viola la Ley General de Salud 42-01 y su Reglamento 1138, por considerar que dichas instituciones “no están aptas para prestar servicios de salud por carecer de condiciones de estructura física, recursos humanos, equipamientos, documentación y gestión”, también es verdad que las comunidades que antes recibían estas prestaciones verán ahora disminuirse y hasta anularse las posibilidades de curas o tratamientos.
Según el comunicado las autoridades “se mantendrán vigilantes y continuarán clausurando todos los centros sanitarios que no se ajusten a las normas existentes, en vista de que para la Cartera lo que cuenta es la salud del pueblo dominicano”.
Pero, siendo así y si en realidad lo que cuenta es la salud de cada dominicana y dominicano, lo que se precisa es atacar el mal en su origen, no permitir que se propague y, encima, cerrar puertas.
Labores preventivas sí, multas y otro tipo de sanciones que incluyan entrenamientos y revisiones sistemáticas, acciones preventivas que impidan cierres parciales, temporales o definitivos en un país donde la salud, al igual que la educación, necesita multiplicarse y fortalecerse, no reducirse.
Calamitoso
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