Un estudio realizado por la Revista The Economist revela que en 12 países donde opera la Policía Técnica Judicial (PTJ), la cual se pretende imponer en República Dominicana, el crimen y la violencia aumentaron.
Los expertos de Visión Of Hmanity de este medio especializado, señalan que México registró el año pasado 11.6 homicidios por mil habitantes; en Honduras, El Salvador y Guatemala ocurren 61, 52 y 48 homicidios por mil habitantes, respectivamente. El caso más grave es el de Venezuela con 75 por ciento por mil habitantes.
Entre tanto, en los Estados Unidos de Norteamérica y Canadá el índice es de 52 y 1-7 homicidios por mil habitantes.
Las ciudades de México de mayor incidencia de la criminalidad son Culiacán, Chihuahua, Juárez, entre otras.
Los expertos concluyen que en los 12 países donde operaron u operan la P.T. J, la criminalidad atenta contra la seguridad ciudadana y los derechos fundamentales de las personas.
El gobierno de Panamá en el 2007, tuvo eliminar la P.TJ. y crear la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), “luego de una serie de escándalos de corrupción en la PYJ”.
El presidente Martín Torrijos sometió al Congreso la ley que transforma la PTJ, aprobada con 45 votos a favor y siete en contra.
Asimismo, México suprimió la PTJ por los actos de violencia, protección al narcotráfico y corrupción teniendo que reestructurar la Policía Federal y lanzar el ejército, la marina y otras fuerzas para tratar de controlar la espiral de violencia, secuestros y asesinatos.
Policías actúan con fiscales
La ley institucional de la Policía Nacional 96-40, en el artículo 18, establece que la Dirección Central de Investigaciones Criminales “se encargará reinvestigar los crímenes y delitos y a reunir las pruebas que permitan identificar a los culpables de cometerlos y que los fiscales puedan sostener exitosamente las acusaciones ante las jurisdicciones penales. A estos fines, realizarán las pesquisas y otras diligencias que sean pertinentes, observando estrictamente las leyes y normas procesales vigentes”.
Este artículo define el papel de la policía y la coordinación con los fiscales.
La Constitución de la República, en el artículo 255, expresa que “la Policía Nacional es un cuerpo armado, técnico profesional, de naturaleza policial, bajo la autoridad del presidente de la República, obediente al Poder civil, apartidista y sin facultad, en ningún caso, para deliberar”.
Violentando este artículo el proyecto de ley sometido por la Procuraduría General de la República precisa “se crea el Cuerpo Técnico de Investigación de la Policía Nacional, que tendrá a su cargo, con carácter exclusivo, todas las actividades policiales de investigación y persecución del delito bajo la dirección legal del Ministerio Público”.
Es decir, que el referido proyecto de ser convertido en ley relegaría a un segundo plano la autoridad del Presidente de la República, doctor Leonel Fernández Reyna violando infraganti a la Constitución y sustituyendo la ley orgánica de la Policía Nacional.
El debilitamiento de la policía y la creación de islas de poderes sustentan las bases para que la violencia aumente, se incremente el narcotráfico y el crimen organizado.
Se recuerda que por no crear las estructuras para la implementación del Código Procesal Dominicano, narcotraficantes, sicarios, violadores de menores, homicidas y otros infractores salen inmediatamente en libertad, porque los fiscales no profundizan en las investigaciones y al ser garantita los jueces ordenan la libertad de estas personas.
La creación de la PTJ es un ensayo peligroso, porque es una pieza genérica donde no especifica si el patrullaje, la vigilancia y la persecución de los delincuentes estarán a su cargo y si el personal será civil o policial, toda vez que la Constitución y la ley orgánica de la policía encomienda esa labor a sus miembros.
En países con Policía Técnica aumenta crimen y corrupción
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