El ingeniero Federico Antún Batlle y Julio César Valentín, presidentes del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y de la Cámara de Diputados, respectivamente; respaldaron los planteamientos hechos mediante carta por la Conferencia del Episcopado, por entender es la realidad de lo que acontece en la República Dominicana.
La Conferencia del Episcopado Dominicano propuso alrededor de 10 medidas para enfrentar la situación, incluyendo una nueva reforma del Código Procesal Penal para endurecer las penas contra los culpables de los crímenes y delitos que a diario se comenten en el país.
“Una vez más los obispos católicos, nos dirigimos a nuestro pueblo, profundamente preocupados por la creciente crisis económica, el clima de inseguridad y violencia, y el auge del narcotráfico y la delincuencia común”, afirman los prelados en la introducción de un mensaje de 26 páginas entregado ayer a los medios de prensa, con motivo del 27 de Febrero.
Entre otras medidas, los obispos plantean que el Gobierno y la ciudadanía cambien su visión por una verdadera voluntad política de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, y solicitaron al Senado la creación de una legislación que establezca normas y condiciones para otorgar los indultos, facultad que hasta ahora el artículo 55 de la Constitución otorga al Presidente de la República.
Piden, por igual, una revisión de la política sobre las bancas de lotería y los juegos de azar cuya proliferación denunciaron como “alarmante”; una mayor inversión en la educación; profundizar la depuración en todos los niveles y jerarquías de la Policía y los organismos castrenses, y revisar la escala salarial en el sector público, donde algunos ganan 300 veces más que las mayorías.
“Nos preocupan diversos hechos acaecidos en el recién pasado año y en el presente, en los cuales han muerto numerosos hombres y mujeres, jóvenes y niños, víctimas de la violencia; los inocentes muertos a consecuencia de balaceras, los muchos heridos; los atracos y robos, y el creciente clima de inseguridad y temor, que tiende a paralizar el buen desenvolvimiento tanto de la vida privada como pública”.
Sobre la corrupción, la Conferencia del Episcopado reconoció que el Gobierno ha obtenido logros significativos en la lucha contra el crimen, pero aún persiste el cáncer de la corrupción administrativa, el tráfico de influencia y la degradación institucional, y que tampoco se conoce un plan para hacer frente a estos grandes males.
Afirman que a esta escandalosa situación se agregan el auge de las ejecuciones extrajudiciales en los llamados intercambios de disparos, la intolerancia policial en unos casos y los asesinatos de agentes policiales o de seguridad, en otros, y las condenas de inocentes y la impunidad de culpables, cuando se trata de sujetos adinerados o con influencia.
Como consecuencia de todo esto, agregan los obispos, la sociedad ha perdido la credibilidad en sus instituciones, especialmente en el sistema de justicia. “Sería conveniente se haga la revisión, tantas veces anunciada, del Código Procesal Penal, ya que el ministerio público no cuenta todavía con las herramientas y tecnologías suficientes para las investigaciones con las requeridas pruebas que hagan posible sancionar debidamente a los culpables”.
Añaden que la violencia y la inseguridad ciudadana están relacionadas con la economía, porque cuando los recursos no se conciben como medios para el crecimiento y el desarrollo integral de la persona humana, se convierten en fuente de injusticia social, que engrendra violencia y destruye a las personas.
Señalan que la sociedad ni la Iglesia pueden permanecer indiferentes frente al bajo salario que reciben los empleados y trabajadores, ya sean de la industria, la agricultura, la minería el comercio, tiendas, supermercados, negocios, empleados domésticos o servidores públicos.
Recuerdan que la falta de empleo y la explotación obrera es otro elemento nocivo que engendra inseguridad y violencia en el seno de las familias, especialmente en aquellas que tienen menos ingresos, y que a ello se suman la carestía de los servicios de salud y medicamentos, el alto costo de los servicios básicos, como la electricidad, el agua, el teléfono y el transporte.
Exhortaron a los empresarios, comerciantes y agentes productivos a que analicen su nivel de conciencia social y refrenen cualquier tendencia desmedida de adquirir riquezas en base a pagar bajos sueldos y a la especulación que encarece los productos de mayor necesidad.
