Someterán abogados hagan embargos ilegales en Bávaro

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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El presidente del Colegio de Abogados, Diego José García, inició una investigación sobre los abogados que están realizando embargos ilegales en Higuey y otras zonas del país.
 
Advirtió que si se demuestra que estos abogados están realizando embargos sin notificar a la otra parte y sin el auxilio de la fuerza pública serán sometidos al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados por violación al Código de Ética del profesional del derecho.
 
Diego José García explicó que entre las sanciones que se les podría aplicar a estos juristas por actuar de forma temeraria van desde la suspensión por cinco años o de manera definitiva del permiso para ejercer la profesión.
 
El presidente del CARD hizo un llamado ASONAHORES, la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (ADETI) y a la Asociación de Hoteles y Proyectos Turísticos para que depositen las pruebas que tienen de los abogados que realizan los denominados “embargos-asaltos”, para actuar de manera inmediata.
 
También tenemos la información de que estos embargos son realizados por un grupo de personas sin la presencia de la fuerza pública lo que es ilegal.
 
José García calificó como alarmante las denuncias de los Hoteleros que indican que en lo que va de año se han realizado siete embargos de forma compulsiva y sin notificar a los demandados.
 
“Si estas acciones se están llevando a cabo así constituyen un acto vandálico que no debemos permitir”, señaló García.
 
Destacó que las investigaciones del CARD han revelado que los abogados que están realizando embargos ilegales no pasan de cinco y que incluso algunos de ellos no son abogados, por lo que puede ser demandando por daños y perjuicios y ser sancionado hasta con prisión.  
 
Diego José García, presidente del CARD, agregó que levanta mucha suspicacia que los embargos sean realizados en Higuey provincia La Altagracia pero los casos son conocidos en el Seybo, por lo que hacemos un llamado a las autoridades competentes investigar la posible complicidad de jueces, fiscales, alguaciles y policías en estos casos.
 
Nos unimos a la Procuraduría General de la República y a la Suprema Corte de Justicia en las investigaciones y les solicitamos un intercambio de los resultados para frenar este tipo de acción ilegal y adoptar las medidas necesarias.