Las organizaciones populares representativas de la Zona Norte del Distrito Nacional se preparan para resistir el desalojo del gobierno y Diandino Peña.
Las familias que viven en los barrios ubicados en la franja occidental del río Ozama, debajo del puente de la 17 y el sector comercial de la avenida Padre Castellanos, exigen al gobierno y a la Oficina Para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), que le expliquen que harán con sus viviendas y sus negocios antes de ser desalojados para darle paso a la segunda línea del Metro de Santo Domingo.
La incertidumbre, la preocupación y el miedo se apoderan de los munícipes, porque el ingeniero Diandino Peña, director de la OPRET, no les ha dado garantía y mucho menos les ha brindado información oportuna sobre la suerte que correrán las familias que viven en la Zona Norte del Distrito Nacional.
Las amenazas de desalojos que pende sobre una franja importante de la ciudad de Santo Domingo y otras demarcaciones, obliga a los habitantes agrupados en la Red Urbano-Popular, continuar demandando la aprobación del Proyecto de Ley de Vivienda, Hábitat y Asentamientos humanos, que cursa en el Congreso Nacional desde hace un buen rato y no se aprueba.
Es a partir de esta iniciativa que hay que seguir impulsado la lucha, hasta que los legisladores asuman esta importante pieza, la cual regulará y protegerá la situación de miles de dominicanos residentes en barrios pobres de la Capital.
Sobre las pretensiones del gobierno y la OPRET, la ley 200-04 sobre Libre Acceso a la Información, le da el derecho a los afectados a recibir explicación, clara, adecuada y convincente sobre el futuro de decenas de familias, las cuales serán desarraigadas de su habitat, cuyas casas serán demolidas por el gobierno y las maquinarias de Dianidino.
Los desalojos son intranquilizadores y trastornadores de la vida de la gente, por eso el Estado está en la obligatoriedad de sentarse con las cabezas de familias y decirle hacia donde irán con sus hijos y sus trastos antes de llevar las máquinas pesadas e iniciar los trabajos preparatorios de la segunda línea del Metro.
Para nadie es un secreto que los desalojos representan un rompimiento de la armonía de las familias afectadas, crean trauma, enfermedad y muerte.
Por tal motivo, el Comité Para la Defensa de los Derechos Barriales (COPADEBA), la Red Urbano-Popular, la unión de Juntas de Vecinos del Ensanche Espaillat, el Foro Social Alternativo y otras instituciones comunitarias lucharán y resistirán hasta las últimas consecuencias ante lo que entienden es una violación y un abuso al derecho de las familias a vivir en una casa digna.
"Cero desalojo, cero muela y cero pintadera de pajaritos en el aire, porque si nos van echar de nuestras casas, primero infórmennos y dígannos cual será el destino y el futuro de nuestras familias", es el reclamo de los residentes que serán movidos de sus viviendas para complacer el sueño del presidente Fernández.
Los gobiernos que han aplicado desalojo han dejado estela de frustración, porque jamás lo han hecho con el deseo de otorgar viviendas dignas a sus residentes.
Es de triste recordación la ejecución del archi famoso “Plan Indicativo de la Zona Norte”, que contempló, mediante los decretos 358 y 359-91, el desalojo de la Ciénaga, la Zurza, Villa Juana y Villa Consuelo, ejecutado por el gobierno de Balaguer y llevado a cabo por el ingeniero Ramón Pérez Martínez (Macorís), quien valiéndose de la llamada "fuerza pública" maltrató familias, a comerciantes y confrontó con dirigentes comunitarios y líderes religiosos.
La consigna es: "de casa para casa, o de lo contrario, nos mantendremos como la roca junto al mar, porque de aquí no nos moverán".
