Washington (EFE).- La corrupción de los aparatos judiciales y los abusos cometidos por las fuerzas de seguridad lastran los derechos humanos en Haití y República Dominicana, según un informe divulgado hoy por el Gobierno de EE.UU.
El documento que elabora anualmente el Departamento de Estado estadounidense sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, y que hoy fue entregado al Congreso, resume la situación en estos países como sigue:
Haití
A pesar de que se han registrado "algunos avances" y las autoridades civiles mantienen, en general, un "control efectivo" de las fuerzas de seguridad, persisten "numerosos problemas".
Entre ellos, destacan los "asesinatos ilegales por parte de oficiales de la policía" y su "participación en secuestros", la "ineficacia" de las medidas contra el crimen organizado, los "arrestos y amenazas arbitrarios" y las "pobres condiciones sanitarias de las cárceles", que están "superpobladas".
El informe sostiene que el sistema judicial es "ineficaz" y está sujeto a la "influencia de las ramas ejecutiva y legislativa".
Asimismo, asegura que la corrupción es "severa" en todos los ámbitos del Gobierno y señala que no se respeta la celebración de elecciones periódicas al Parlamento.
También denuncia que se vulneran los derechos de las mujeres, contra las que se cometen actos de "violencia y discriminación social", y los niños, sujetos a "abusos, tráfico interno y trabajo doméstico", mientras el cumplimiento de los derechos laborales es "ineficaz".
República Dominicana
Según el Departamento de Estado, aunque la ley dominicana ampara la práctica totalidad de los derechos fundamentales, existen reportes de organizaciones no gubernamentales y locales que ponen en duda el cumplimiento efectivo de esa legislación.
Las "numerosas carencias en la supervisión y la formación" en los sistemas policiales y correccionales conducen a problemas que van desde "prácticas de tortura, palizas y abusos físicos de detenidos y prisioneros" hasta "asesinatos ilegales por parte de las fuerzas de seguridad".
El informe aplaude que no se hayan registrado desapariciones, pero sostiene que sí hay "numerosos informes" que certifican la "persistencia de detenciones arbitrarias" y denuncia las "malas condiciones de las cárceles" y la falta de respeto a los derechos básicos de los presos.
La discriminación racial, particularmente contra "los inmigrantes de Haití y sus descendientes", continuó siendo un problema, al igual que las "violaciones" y la "violencia doméstica" contra las mujeres.
También el "abuso físico y psicológico de los niños", el "uso clandestino de mano de obra infantil" y la escasa protección de los derechos laborales fundamentales.
En general, se han producido mejoras, con excepciones, en el respeto a la libertad de prensa, las libertades de asociación y agrupación, y la transparencia democrática, puesto que las elecciones presidenciales de mayo se desarrollaron, según los observadores internacionales, de forma "libre y justa".
