Una comisión de la Cámara de Diputados que estudió el contrato de compraventa de las acciones de AERODOM a la empresa Advent Airport Dominicana, recomendó en su informe que se realizara una investigación especial sobre esa transacción por entender que era perjudicial al interés nacional.
Sin embargo, el informe de la Cámara de Diputados, presentado en septiembre del 2009, nunca fue conocido en el hemiciclo ni debatido en los medios de comunicación, a pesar de que la comisión responsable advirtió que la negociación violaba el contrato original de concesión que consignaba que “ningún tipo de transformación o venta puede hacerse sin el consentimiento del Estado dominicano y sin la aprobación del Congreso”.
Miguel Angel Simón y Juan Castellanos, voceros de la Asociación de Tiendas de Zonas Francas, ofrecieron detalles sobre el contenido del informe, donde entre otras cosas se exigía el pago del impuesto sobre la renta por ganancia de capital en una operación de compra y venta que envolvió un monto cercano a los mil millones de dólares, de acuerdo a los datos evaluados por la comisión.
La recomendación de los legisladores planteaba “exigir el pago de la totalidad del impuesto sobre la renta dejado de percibir hasta la fecha, más las penalizaciones y mora por el tiempo transcurrido desde el momento en que se generó la obligación tributaria y se hiciera exigible la misma, amparado en la auditoría que hiciera en su momento la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones sobre la inversión realizada por parte de los accionistas originales de AERODOM hasta la fecha de la venta de sus acciones”.
“Somos de opinión de los accionistas originales de la empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI , S. A., son sujetos obligados al pago de impuesto sobre la renta por concepto de ganancia de capital, producto de la venta de sus acciones, las cuales se pudieron capitalizar gracias al sacrificio fiscal del Estado Dominicano, y mediante la aprobación congresual, hiciera para desarrollar y mejorar un servicio público, no para favorecer a personas físicas o jurídicas en particular, pues el espíritu de toda exención o facilidad que pueda brindar el Estado está orientada a favorecer iniciativas y proyectos que puedan beneficiar a la sociedad”, expresa legislativo.
La comisión de legisladores fue presidida por el diputado Lidio Cadet, quien nunca se ha referido públicamente al tema y quien se habría disgustado por la forma como se suspendió el conocimiento del informe, que no fue aprobado ni rechazado, simplemente archivado.
Simón y Castellanos indicaron que la Asociación de Tiendas de Zonas Francas ha solicitado que el Senado de la República retome el informe de la comisión especial de la Cámara de Diputados para que se establezcan las razones por las cuales AERODOM no ha cumplido sus obligaciones contractuales y ha utilizado métodos ilegales e ilegítimos para tratar de quebrar a los operadores de tiendas de zonas francas y expulsarlos de las terminales bajo su administración.
“También hemos sugerido que el Congreso investigue los aumentos de las tasas aeroportuarias aplicados por AERODOM, que han contribuido a elevar considerablemente los costos de viaje desde y hacia la República Dominicana, afectando seriamente la industria turística nacional.
Tras señalar que AERODOM se ha colocado por encima del Estado de Derecho, la Asociación afirma que la actual concesión no resiste una auditoria por parte del Estado Dominicano. Agregan que lo poco que ha hecho el consorcio extranjero es con el flujo de caja de los últimos once años.
Los propietarios agrupados en la entidad se han declarado víctimas de una sistemática campaña de acoso promovida por la firma concesionaria con el propósito de obligarlos a abandonar sus operaciones como tiendas de zonas francas en los aeropuertos José Francisco Peña Gómez de Las América, y Gregorio Luperón, de Puerto Plata.
