El llamado de atención de la Iglesia Católica a través de su carta pastoral, significa soporte de lo que se ha convertido en un clamor a voces de la sociedad dominicana. Porque no es posible “una convivencia humana digna en el país”, tal y como prescribe la misiva, en medio de tanta incertidumbre, violencia,
corrupción e impunidad.
De todos modos, el mensaje llama a una reflexión obligada, al detallar esos males que integran “la violencia, la delincuencia, la deficiencia educativa, la destrucción y contaminación del ambiente e inseguridad ciudadana”, a lo cual se suman la desigualdad social y pobreza crecienteen que viven las grandes mayorías del pueblo dominicano,con un decreciente poder adquisitivo, frente al alza de los precios de los productos básicos de la canasta familiar y los servicios médicos.
A la intensificación de los hechos del sicariato y la violencia cotidiana, incrementados en estos días, se suma la indiferencia de los poderes gubernamentales, que en tales circunstancias añaden mayor malestar.
La población dominicana requiere que se alce la voz del Presidente de la República y no sólo opine, sino que hable de medidas contundentes. Y resulta una gran pena que haya que esperar hasta el 27 de febrero para saber cuál es la
opinión de quien lleva las riendas del poder, acerca de estos hechos señalados con objetividad por el episcopado católico.
Un ejercicio recomendable sería responder a cada una de las interrogantes como esta: “¿Con qué derecho se priva a nuestro pueblo de una enseñanza moral y cívica, integral, humana y religiosa que nos deja como consecuencia ciudadanos corruptos, y funcionarios que exigen prebendas para nombramientos y proyectos de inversiones?”.
Y así sucesivamente, cada una de los entresijos que se formulan en esta epístola, sobre justicia, atención a niñas y niños; acerca de los juegos, los salarios, corrupción administrativa, impunidad, sueldos de lujo: en definitiva, dignidad y derechos de todos los habitantes de esta nación.
