La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED), acaba de publicar un extenso documento con motivo de la celebración de los 500 años del Sermón de Fray Antón de Montesinos, documento que es un nuevo grito de protesta en contra del estado de incertidumbre, desigualdad social, pobreza, ausencia de servicios de agua potable, descuido ambiental, ausencia de servicios sanitarios, ola de atracos, sicariato, narcotráfico, participación de autoridades en actos delictivos, corrupción administrativa, impunidad, politiquería clientelista y robo de nuestro oro por parte de la minera Barrick Gold, todo lo cual pone a la nación en riesgo de perder su identidad y su dignidad.
En referencia al contrato-estafa firmado por el Gobierno dominicano y el Congreso Nacional a favor de la empresa minera Barrick Gold y en contra de la economía de la nación, todos los obispos dominicanos, encabezados por Monseñor Nicolás de Js. López Rodríguez, se preguntan, "¿Con qué derecho permitimos que empresas foráneas realicen sus acciones comerciales sin que se respeten nuestras leyes que protegen la naturaleza, y se lleven, además, el beneficio de nuestros recursos naturales y al pueblo dominicano le dejen sólo migajas y destrozos ambientales?". Esa misma pregunta la habíamos hecho muchas veces.
En relación a la ausencia de servicios de agua potable, y del mismo modo en que Montesinos preguntó a los gobernantes españoles de hace 500 años, los obispos dominicanos le preguntan a los gobernantes de hoy que "¿Con qué justicia se mantiene en la insalubridad a poblaciones enteras que con un poco de ayuda y asistencia técnica harían ellos mismos sus propios acueductos?", pues para los obispos y para la sociedad es un insulto que el gobierno se haya gastado más de 50 mil millones de pesos en el Metro de Santo Domingo, mientras pequeñas comunidades no tiene pequeños acueductos que podrían construirse con 500 mil pesos.
La Conferencia del Episcopado Dominicano sabe que nuestras autoridades han ignorado el mandato del artículo 30 de la Ley Ambiental 64-00 que exige el establecimiento de un Plan de Ordenamiento Territorial, y le pregunta al gobierno peledeísta que "¿Con qué justicia se consiente que nuestros hermanos vivan en casas indignas, construidas en las riberas de ríos y cañadas? ¿Dónde está la autoridad que regule las construcciones de las viviendas? ¿Dónde están los programas de ayudas para que los más pobres puedan ellos mismos construir sus propias casas?" Eso lo hemos repetido miles de veces.
Los obispos dominicanos, conscientes de que una parte importante de nuestra población que vive en las zonas rurales y en las márgenes de ríos y arroyos carece de letrinas y defeca al aire libre, le pregunta a nuestros gobernantes y a nuestros políticos que "¿Con qué justicia permitimos a una inmensa población que viva sin condiciones sanitarias en sus viviendas, que sólo en el suroeste equivale a más de un 20% de las familias, lo que propicia la falta de dignidad de la persona, la contaminación de enfermedades y la propagación del cólera?". Esa misma preocupación la hemos externado muchas veces a través de los medios de comunicación.
Los obispos dominicanos recuerdan muy bien aquellas palabras de Juan Boch cuando decía que en un gobierno del PLD ningún peledeísta se haría rico con los fondos públicos, y por tal razón le preguntan al gobierno de Leonel Fernández que "¿Con qué derecho se priva a nuestro pueblo de una enseñanza moral y cívica, integral, humana y religiosa que nos deja como consecuencia ciudadanos corruptos, y funcionarios que exigen prebendas para nombramientos y proyectos de inversiones?". Eso es un irrefutable secreto a voces.
Pero lo que más le preocupa a la Conferencia del Episcopado Dominicano es que ante tanta corrupción, ante tantas injusticias y ante el robo del oro y del dinero de la nación, los ciudadanos nos callamos, y por entrar en componendas nos silenciamos, lo que indica que la población es cómplice por silencio y por inacción.
De ahí que los que siempre hemos asumido estos temas de interés social nos sentimos totalmente representados en el documento dado a conocer por la Conferencia del Episcopado Dominicano, y agradecemos que los obispos hayan validado muchas de las preocupaciones que hemos compartido con ellos, pero los ciudadanos que siempre se han mantenido callados tienen ahora la oportunidad de sumarse y salir a defender a una sociedad donde el gobierno fomenta la corrupción, el robo del oro, el silencio, la indiferencia y la inequidad que justifica la mendicidad vía la perversidad de una tarjeta de solidaridad que sólo garantiza su continuidad.
La Iglesia Católica ha hablado y ahora sólo falta que hable la población.
