Participación Ciudadana manifestó su apoyo al trabajo que viene realizando el Instituto de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor) en relación a la protección de un derecho fundamental, como el de los consumidores, que está consignado en la Constitución y las leyes dominicanas.
En tal sentido, defendió la competencia de esta institución de no sólosolicitar el registro de los contratos de adhesión a los Bancos, y otras entidades del país, sino también de velar que los mismos no lesionen los intereses de los usuarios de este tipo de servicios.
Javier Cabreja, director ejecutivo de PC, informó que la Constitución de la República y la Ley No.358-05 General deProtección del Consumidor o Usuarios, en sus artículos 2, 22 y 81 párrafo I, les dan facultad a Proconsumidor para registrar los contratos de adhesión, incluyendo los de materia financiera.
Cabreja habló previo al panel sobre acceso a la información titulado: "Intimidad, Privacidad y Publicidad de las informaciones", que estuvo encabezado por Rafael Molina Morillo, director del Periódico El Día; Fausto Rosario Adhames, director del periódico digital Acento.com y Francisco Cáceres, sub-director de Consejo Nacional de Reforma del Estado; organizado por Participación Ciudadana.
El Director Ejecutivo de PC explicó que tal y como establece la ley, “los contratos de adhesión no son más que los contratosredactados previa y unilateralmente por un proveedor de bienes o servicios, sin que el consumidor o usuario se encuentre en condiciones de variar sustancialmente sus términos ni evitar su suscripción si deseare adquirir el producto u obtener el servicio”.
Por lo tanto, se requiere de un órgano que se asegure de que lascláusulas contenidas en dichos contratos, no sean lesivas a la ciudadanía. La ley 358-05 faculta a Procunsumidor para asumir estas funciones.
Cabreja entiende que es fundamental la labor de Procunsumidor, como garante de los derechos de los consumidores, en un país donde una parte importante de los contratos de adhesión son elaborados con letras muy pequeñas, poco legibles, de largo contenido y elaborado en un lenguaje poco comprensible para el ciudadano común; esto muchas veces dificulta que el consumidor pueda entender los términos del acuerdo que está firmando.
El Director Ejecutivo de PC indicó que todos los sectores, incluyendo las entidades privadas, deben contribuir con una mayor transparencia de cara a la ciudadanía. El registro de los contratos de adhesión en Proconsumidor ayuda en esta dirección. Al mismo tiempo, solicitó a Proconsumidor que de ninguna manera debe renunciar a su atribución de reclamar y denunciar las posibles clausulas abusivas en muchos de estos contratos, las cuales lesionan los intereses y el patrimonio personal de los usuarios de servicios de esta entidades.
“Si bien es cierto que la Superintendencia de Seguros también debe velar por la protección de los usuarios de los servicios financieros, la ley 358-05 da también esta facultad aProconsumidor, y no existe ningún problema en que los contratos de adhesión se registren en ambas instituciones, esto daría aún una mayor transparencia” indicó Cabreja.
El Movimiento Cívico recordó que ninguna persona física, instituciones públicas y privadas están por encima de la Constitución y las leyes; además, reiteró de su compromiso de velar y defender los derechos de la ciudadanía.
Tribunal Constitucional
El director ejecutivo de Participación Ciudadana (PC), Javier Cabreja, lamentó este jueves el tranque que se ha producido con relación a la ley orgánica que crea el Tribunal Constitucional, que provocó que se violentara la Constitución con relación a la fecha que debía de ser conformada.
Ajuicio de Cabreja, el tranque es debido a que el Senado de la República modificó el proyecto original propuesto por el Poder Ejecutivo. Se mostró de acuerdo con cualquier consenso sobre la base del respeto de la Constitución: “Esta es clara sobre las condiciones que deben tener quienes integren el Tribunal Constitucional que son las mismas que integran la Suprema Corte de Justicia, para ser juez”.
Cabreja explicó que la edad límite de 75 años debe de estar establecida en la ley orgánica del Tribunal Constitucional y planteó que de ninguna manera se debe convocar al Consejo Nacional de la Magistratura para integrar el Tribunal Constitucional, sin que exista una ley orgánica que la regule.
Con relación al mensaje de los obispos en el día de ayer, manifestó que es el reflejo de la realidad que vive el país, a juicio de Cabreja los obispos han puesto en evidencia la situación de deterioro que vive la sociedad en sus distintos niveles.
Consideró como una vergüenza que un país con un crecimiento económico de más de un 5% tenga los niveles de pobreza y desigualdad existentes. Calificó también como una vergüenza que a pesar de todas las reformas legales, para un marco legar por la transparencia todavía se continúe tendiendo los niveles de corrupción tan elevado que tiene la República Dominicana.
Explicó que frente a todos estos males, lo más grave es la falta de políticas públicas, dirigidas a enfrentar esos males, índico que no existe la voluntad ni disposición del gobierno para enfrentar los problemas.
El panel sobre acceso a la información organizado por Participación Ciudadana forma parte el Programa Acción Ciudadana por la Justicia y la Transparencia, auspiciado por a Agencia de los Estados Unidos para el desarrollo.
