Que los y las periodistas se capaciten y ejerzan el digno ejercicio de la comunicación social apegados a la ley y la ética debe ser una constante, como también tiene que serlo el respeto a su integridad física, delito que a veces cometen miembros de la autoridad pública u otras personas en su contra.
Según lo estipulado en el anteproyecto de ley de “Libre expresión y medios de comunicación”, elaborado por el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), todo cuanto atente contra la libertad de información conlleva sanciones penales, y medidas carcelarias para quienes atropellen y entorpezcan la función de la
prensa.
El Presidente de la República Leonel Fernández se ha referido al proyecto de modificación a la Ley 61-32, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento y ha considerado que debía producirse un espacio de amplia discusión antes de ser sometido al Congreso Nacional.
Según el jefe de Gobierno, las observaciones y reparos realizados por quienes ejercen el periodismo en el país deben integrarse
a la inteligencia colectiva de toda la sociedad.
Para Fernández, la Constitución aprobada bajo su mandato, “consagra y amplía esa libertad de expresión, porque confiere a los periodistas unos derechos que no estaban contemplados, como es el Secreto Profesional y la Cláusula de Consciencia” y que el proyecto de reforma a la Ley
61-32, sobre Expresión y Difusión del Pensamiento garantizaría el ejercicio sin censura previa de la libertad de expresión, pero estableciendo la responsabilidades de lugar a posteriori.
Ojalá sean cumplidas, como Dios y la ley mandan estos preceptos para el ejercicio de un oficio que, cuando no es complaciente, ni zalamero, recibe hostilidad, malos tratos y fuertes agresiones. Tampoco debemos olvidar que en los últimos cinco años, más de quinientos periodistas murieron en el ejercicio de la profesión y, particularmente, en 2010, América Latina fue la región más
peligrosa para la prensa, con 35 asesinatos de los 105 registrados ese año, según la ONG “Campaña para un Emblema de Prensa”.
