El pasado año, una “sorpresiva conferencia de prensa” organizada por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), y la Policía puso sobre el tapete de la opinión pública en el país los resultados de la investigación realizada por una Comisión, que determinó incluir en sus pesquisas decenas de interceptaciones telefónicas de llamadas realizadas desde sus celulares por algunos oficiales expulsados de sus filas.
Los supuestos vínculos de estos militares y policiales con el capo boricua José David Figueroa Agosto, trajeron como consecuencia la cancelación y expulsión de oficiales superiores, subalternos y militares de menor rango de dichas filas.
Enero de 2011 avanza en su último decenio, cuando la noticia vuelve a ocupar primeras páginas: “El Poder Ejecutivo dispuso la cancelación de un teniente coronel y cuatro tenientes, mientras 12 alistados fueron expulsados de las distintas instituciones castrenses y de la Policía Nacional al determinarse que todos ellos estaban vinculados a una red de narcotráfico internacional que envíaba heroína y cocaína a Puerto Rico a través del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA)”.
El caso es que la situación de cancelados, sancionados u oficiales “puestos en retiro de manera forzosa”, expanden esa sensación de que quienes cuidan al país del narcotráfico están siendo cada vez más permeados por el negocio de la droga.
Lo que antes fue paso, o puente hacia Estados Unidos y Europa, ahora se vincula de manera peligrosa como país consumidor y tentáculo – uno más-, de esas poderosas redes del narcotráfico internacional que van dejando a su paso muertes, actos de sicariato y una violencia que no acaba, pese a las medidas que se intentan para arrancar las malas yerbas de raíz…
