El comportamiento del sector eléctrico en el país no fue diferente a años anteriores: apagones de hasta 15 horas y polémicas entre autoridades del Gobierno ligadas al negocio de la generación, distribución e imputaciones por fraude.
El sistema de electricidad en la República Dominicana ha sido tradicionalmente, y todavía lo es, un obstáculo para el crecimiento económico del país.
La prolongada crisis eléctrica e ineficaces medidas correctivas, han llevado a un círculo vicioso de apagones habituales, altos costos operativos de las compañías de distribución y, en general, grandes pérdidas.
A todo ello se agregan las elevadas tarifas minoristas para cubrir estas ineficiencias, bajas tasas de cobro de factura, una significativa carga fiscal para el gobierno a través de subsidios directos e indirectos y costos muy altos para los consumidores, ya que muchos dependen de una electricidad alternativa desfasada y muy Costosa.
De acuerdo con el Banco Mundial (BM), la revitalización de la economía dominicana depende en gran medida de una importante reforma del sector
eléctrico nacional.
Tras una ola de críticas por las constantes interrupciones en el servicio energético, en agosto de 2009, mediante el decreto 599-09, se destituye a Radhámes Segura y es nombrado como vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, el empresario Celso Marranzini, principal crítico del funcionario que releva.
Desde el ámbito político y de las organizaciones populares, el futuro del sector eléctrico, tras un año de haber asumido el cargo Marranzini (agosto 2010), como vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, no se ve conoptimismo. Muchas voces han expresado que el empresario no hallenado las expectativas que él mismo había creado en el sector.
Para el secretario general del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Orlando Jorge Mera, en el problema eléctrico lo que importa no es quien esté dirigiendo el sector, sino que exista voluntad política para resolver los serios problemas energéticos.
Por otro lado, el dirigente popular Fidel Santana dijo que la designación del empresario Celso Marranzini en la CDEEE, da una “mala señal”, porque a su juicio evidencia que el gobierno y el presidente Leonel Fernández se dejaron “doblar el pulso”.
A principios de noviembre de este año, Marranzini admitió que la solución al problema energético, que durante 40 años ha afectado al país, implicará chocar con intereses que han frenado la sostenibilidad del sector.
La afirmación del funcionario se produce a propósito de ser cuestionado sobre un informe que encargó el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a un equipo de expertos, el cual determinó que hay fuertes intereses que boicotean la reforma del sector eléctrico.
El informe del BID, publicado en agosto pasado, señala que el déficit eléctrico es un problema de gerencia y no sólo técnico, “en el sentido de que se conocen las soluciones pero éstas no se emprenden porque hay intereses que impiden llevar a cabo las reformas de política necesarias”.
En tanto que el director ejecutivo de Participación Ciudadana, Javier Cabreja, consideró que el problema eléctrico en el país persiste porque este ha sido un sector muy politizado y ha respondido a intereses particulares.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE está confiado en los últimos cambios que se han realizado en la gerencia de las distribuidoras de electricidad (Edes), con el personal chileno que ha contratado para estar al frente de Edesur, Edenorte y Edeeste. Pugnas internas
Otro punto que ocupó importante espacio en los medios de comunicación y que para muchos poco aportó a la mejoría del sector eléctrico nacional en 2010, fue la polémica entre Marranzini y el titular de la Superintendencia de electricidad, Francisco Méndez.
Marranzini se quejó de la falta de apoyo que recibe por parte de la Superintendencia de Electricidad en los casos de robo de energía eléctrica y acusó a esa entidad de “dormirse” con el sometimiento de los casos de fraudes.
De inmediato, el superintendente de Electricidad rechazó las declaraciones de Marranzini, de quien dijo que “no está debidamente edificado sobre ese particular”.
Sobre las denuncias expresó que desde la entrada en vigencia de la ley que penaliza el robo energético hasta la fecha, han recibido 1,162 denuncias de las que fueron investigadas 969 y levantadas 636 actas de fraudes eléctricos.
Marranzini indicó que la CDEEE deja de recibir millones de pesos por concepto de reclamos contra clientes, de quienes se ha demostrado que están conectados de manera irregular del tendido eléctrico.
Méndez declaró que aunque las autoridades del sector eléctrico hablan de reducción de costos y gastos, el gobierno eroga un alto subsidio de US$ 700 millones al año “y ahora los apagones llegan hasta a las zonas de circuitos 24 horas”.
Aumento de tarifa
El 30 de noviembre, mediante la resolución 265-10, la Superintendencia de Electricidad anunció el incremento del 11% de la tarifa eléctrica a partir del mes de diciembre. La entidad explicó que a pesar del aumento, el Gobierno aportará RD$ 573.92 millones al subsidio de la electricidad y que podrá disminuirse la brecha entre la indexada y la aplicada, que en el mes de noviembre fue de 25.10%.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE aseguró que la carga de los usuarios que no pagan el consumo no se va a reflejar en los que sí pagan sus facturas y opinó que para ello fortalecerán en lo adelante el desmonte de los fraudes con medidas más estrictas.
Sostuvo que el aumento de la tarifa energética se dispuso previo a un estudio realizado por el Banco Mundial (BM).
En la carta de intención para la continuación del acuerdo stand by con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno se compromete a aplicar un mecanismo más flexible de los precios para la tarifa.
El superintendente de electricidad, Francisco Méndez, declaró que aunque las autoridades del sector eléctrico hablan de reducción de costos y gastos, el gobierno dispensa un alto subsidio de US$ 700 millones al año “y ahora los apagones llegan hasta a las zonas de circuitos 24 horas”.
En opinión de Méndez, con el desmejoramiento de la calidad del servicio en los sectores que recibían 24 horas de luz, se está matando la “gallina de los huevos de oro”.
El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), y la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), condicionaron el aumento del 11% de la tarifa eléctrica, que el gobierno empezó aplicar a partir del primero de diciembre de este año. Los representantes del sector empresarial expresaron su rechazo a que el Gobierno cobre la ineficiencia de las distribuidoras eléctricas en el nuevo esquema que pretende aplicar después de las elecciones.
El CONEP considera correcta la decisión de aplicar una tarifa técnica que refleje los costos del sector, pero que esos costos reales no pueden estar contaminados de ineficiencias operativas u otra índole que los encarezcan, mucho menos contener subsidios cruzados que penalicen a los sectores productivos.
La AIRD, por su parte, sugirió que cualquier medida sobre flexibilización de la tarifa debe ir acompañada del cumplimiento de otras medidas establecidas en la Ley de Electricidad, como la determinación de la tarifa técnica y la autorización de los Usuarios “No Regulados”; así como del apoyo de toda la sociedad y especialmente de las autoridades para cobrar el servicio a los usuarios, sin importar el costo político que genere.
Mientras que legisladores oficialistas y opositores se mostraron contrarios a la disposición de la Superintendencia de Electricidad de aumentar un 11 por ciento a la tarifa durante el mes de diciembre, por entender que se trata de un abuso contra la población.
El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, al opinar sobre el particular pidió dejar sin efecto el alza del 11% a la tarifa eléctrica, ya que a su juicio cualquier aumento no es visto con buenos ojos en la población, porque va en perjuicio de los consumidores y de los más pobres.
La opinión del vocero del bloque de diputados del Partido de Revolucionario Dominicano (PRD), Nelson Arroyo, se elevó para rechazar categóricamente la posible el alza. Dijo que es inoportuna y se inscribe dentro de la política del presidente Leonel Fernández de seguir ahogando a los sectores productivos y las clases media y baja.
En otro ángulo, Ramón Rogelio Genao, vocero bloque del PRSC en la Cámara Baja, insistió en que este es el país que vende a los usuarios la energía más cara del mundo y expuso que la medida de la Superintendencia es inoportuna.
Critica acuerdos con “roba-luz”
Méndez no ve bien que las distribuidoras eléctricas negocien fuera de la Superintendencia de Electricidad con los sectores que han sido sorprendidos robándose la luz, en vez de dejar que sean condenados por los tribunales.
“Si alguien asalta un banco y se lleva cinco millones de pesos, aunque devuelva el dinero sigue siendo delincuente y por tanto esa persona debe ser sancionado judicialmente, no liberarlo ni negociar con él porque devolvió el dinero; y ese es el criterio que debe primar con respecto al fraude eléctrico”, explicó Méndez.
Las quejas del superintendente de electricidad adquirieron mayor peso cuando el mismo día que entraba en vigencia el aumento del 11% a la tarifa eléctrica por el gobierno, el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, ordenó que fueran liberados dos ejecutivos del centro comercial Plaza Central, detenidos luego de que la Empresa Distribuidora de Electricidad del Sur (EdeSur), los acusara de cometer fraude eléctrico.
Vargas dispuso que Hugo Molina y Enrique Gil Gamallo acudan el primer lunes de cada mes ante el Ministerio Público. La Procuraduría de Asuntos Eléctricos alegó que Plaza Central habría instalado de forma unilateral un transformador de 2,500 kilovatios, sin que la energía consumida estuviera consignada en el contador.
El vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Celso Marranzini, informó que la plaza tendría acumulada una deuda de RD$5 millones por consumo de energía de forma ilegal.
Sin embargo, los ejecutivos explicaron en rueda de prensa, que no han incurrido en fraude, y que -por el contrario- Edesur los está estafando todos los meses con hasta RD$ 400 mil, por lo que demandarán a la distribuidora por RD$ 1,500 millones por daños y perjuicios.
La generación de electricidad en la República Dominicana está dominada por plantas térmicas que mayoritariamente funcionan con combustible o gas (o gas natural líquido) importado.
En respuesta a la crisis del suministro eléctrico, muchos consumidores optaron por unidades de autogeneración alternativas como pequeños generadores independientes, que les lleva a un gasto adicional en combustible.
Las tarifas de electricidad en la República Dominicana se encuentran entre las más altas de la región de América Latina y el Caribe. Esto se debe a diversos factores: dependencia del combustible importado, frágil ambiente institucional, dificultades para demandar a grandes deudores morosos, altos precios negociados inicialmente en contratos de compra de energía con los generadores, elevados riesgos comerciales a los que hacen frente los generadores, como el impago o pago atrasado de las empresas de distribución y/o del gobierno, bajo índice de recuperación de efectivo y altos costos operativos en las empresas de distribución.
La carga financiera se transfiere en este caso a las empresas de distribución, que se han visto imposibilitadas de cubrir sus propios costos en un escenario con precios del combustible en aumento, una baja eficiencia y una base limitada de clientes a los que se les puede cobrar para financiar el subsidio cruzado.
Esta situación ha forzado al gobierno a proporcionar al sector más subsidios que los previstos, lo que a su vez se ha traducido en una menor capacidad para financiar inversiones en otros renglones claves como la salud y la educación.
El gobierno ha comenzado a reducir gradualmente los subsidios cruzados con el objetivo final de limitarlos a hogares con un consumo mensual inferior a 200 Kwh, que se encuentra más cerca de los límites de electricidad residencial subsidiada en otros países.
Perspectivas
Celso Marranzini promete terminar con los apagones en el año 2012, aunque un informe habla de que para 2015, la cobertura de energía eléctrica será de un 5% en relación con la demanda.
Mientras, el presidente Leonel Fernández aseguró que para el próximo año 2011, el gobierno seguirá invirtiendo en el sector eléctrico para reducir los cortes y que para ello se instalarán los primeros 100 megavatios mediante energía eólica y 285 adicionales que se producirán a través de energía hidroeléctrica.
Adelantó que en 2012, se tendría el 60% de la capacidad de generación instalada que pueda funcionar con gas natural y precisó que se avanza en la irección correcta en un proceso de cambio de la matriz energética de la generación.
Recordó que el proyecto de capitalización del sector eléctrico fue el inicio de la vía correcta, donde se incrementó la generación, que en 1996, era de mil 400 megavatios, los cuales su administración colocó en casi tres mil megavatios como resultado del proceso.
Afirmó el estadista que el proceso iba en buena dirección en el período 2002-2003, pero se negoció con los generadores hasta el 2015, lo que a su juicio generó el desincentivo a nuevas inversiones.
Indicó entonces que ese proceso se ha iniciado tomando en cuenta que el sector privado ha vuelto a invertir: “Y me manifiesta continuamente en el plano nacional e internacional una vocación de inversión en el sector eléctrico".
Fernández añadió que eso va a permitir resolver el problema de la matriz energética en la generación y observó que en lugar de gasoil, de full oil, van a producir con gas natural, cuyo precio se está negociando en virtud de que son diferentes en los mercados.
El mandatario sostuvo que se está diversificando esa matriz, disminuyendo los combustibles caros e incorporando un tipo de combustible barato, carbón con bajo azufre para que no contamine.
En lo referente a la distribución el presidente sugiere que debe trabajarse en un proyecto de instalación de medidores y un mecanismo de prepago para profesionalizar los mecanismos de cobros que requiere el sector eléctrico, así como establecer circuitos individualizados para no cometer injusticia con los que cumplen con sus obligaciones por el servicio prestado.
El presidente Fernández entiende que el tema eléctrico es complejo y data de años, “pero afortunadamente creo que hemos encontrado el camino para avanzar en esa dirección”.
Con estas palabras promisorias del Presidente de la República, la sociedad dominicana espera el nuevo año, con expectativas que el tiempo y la realidad se encargarán de poner de manifiesto.
Las naciones poderosas de hoy en día han logrado su desarrollo gracia, principalmente, a un sistema energético eficiente. Especialistas en la materia consideran que a esta fecha ante un mundo tan competitivo a Republica Dominicana se le esta haciendo tarde para adaptarse a las exigencias que demanda la globalización, cuando aun no cuenta con un eficiente servicio de energía eléctrica.
