Santiago.- El presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Santiago, Oliverio Espaillat Torres, expresó su preocupación respecto de la nueva Ley 491-08, que en su artículo 5, letra C, prohíbe el Recurso de Casación en materia laboral para aquellas sentencias que no excedan de doscientos (200) salarios mínimos.
En tal sentido, indicó que mientras las naciones del mundo ponen todo su empeño en preservar los empleos con que cuentan, con legislaciones como la mencionada, en lugar de procurar que la paz laboral de que disfrutamos, propicie las condiciones necesarias para fomentar el empleo, se asumen posiciones más rígidas e inflexibles que afectan el buen desempeño de las relaciones obrero- patrón.
El sector empresarial en su conjunto ha expresado preocupación por la forma en que son ejecutados embargos contra empresas en los que se les despoja de activos que resultan maltratados y que se hacen de muy difícil recuperación, que se llevan a cabo sin las debidas formalidades de ley, en ocasiones por personas que no cuentan con las calidades para su ejecución. Sin embargo, para nuestra sorpresa, esta nueva ley parece venir a facilitar el ámbito de acción de estos desaprensivos que alteran el buen desarrollo de las operaciones ordinarias de las empresas.
El texto de la referida ley, en su artículo 5, letra C, constituye una negación que limita los medios de protección al empleador para defender sus bienes de este tipo de acciones vandálicas, pues es a todas luces conocido que más del 90% de los recurso de casación son interpuestos por los empleadores, generalmente condenados con fallos laborales que podrían estar incurriendo en un error o violación del derecho de defensa en perjuicio del empresario.
No se logra hacer justicia disminuyendo la posibilidad de defenderse de quienes claman que se le reconozca o proteja un derecho. No constituye una contribución al fortalecimiento del estado de derecho que procuremos vías que en aras de la “celeridad”, limiten medios de defensa, que están circunscritos especialmente al ámbito de la pequeña y mediana empresa, principal empleador del país, dado los montos a los que hace referencia.
La legislación laboral dominicana debe ser sometida a una profunda revisión que permitan crear condiciones que fomenten la creación de empleos. Muy por el contrario, en la actualidad las leyes vigentes constituyen un desincentivo y representan una carga social para el patrono del orden del 60%, cifra que duplica el nivel existente en los países de Centroamérica.
Llamamos la atención en este sentido para que se tomen las debidas correcciones y evitemos situaciones lamentables que causen daños que resulte muy costosos revertir.
