El Colegio Medico Dominicano tiene más de un año en el abatar de un proceso de lucha reivindicativa a favor de todos los médicos y médicas dominicanos.
La lucha se inicia levantando un conjunto de demandas justificativas como: aumento salarial, preservación del Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS), incremento del monto a cobrar por los pensionados, aumento de las plazas para los Médicos Pasantes, etc.
La demanda central de aumento salarial se elaboró tomando la información del Banco Central, que expresaba que el sueldo a devengar por un profesional para cubrir el costo de la canasta familiar era de un aproximado a los RD$ 60 mil pesos.
Todas las demandas son justas y el proceso de lucha es justo y así lo han percibido los sectores de la vida nacional.
Hubiéramos tenido una mayor fortaleza si estas demandas hubiesen estado inmersas en una propuesta sanitaria técnicamente bien elaborada, para una mejor justificación de la lucha y una mejor comprensión de parte del gobierno y del pueblo, de la justeza de un aumento salarial para el sector salud.
La lucha fue muy variada en cuanto a métodos, donde hasta se abrazó el recurso de la huelga de hambre, que dicho sea de paso, fue la acción más contundente del proceso, que revirtió la percepción negativa que tenía la población y elevó el nivel de subjetividad de los médicos.
Todos sabemos que esta lucha fue enérgica, pero llena de buena fe y sin ánimo de dañar a nadie, y como prueba de lo antes dicho, tenemos la asunción de la vía congresional para solucionar el conflicto.
El Colegio Médico asistió a innumerables reuniones con los senadores y diputados, se hicieron gestos que parecieron que nos aproximábamos al desenlace de la crisis del sector salud.
Lo que se aprecia por donde quiera que se mira es que los senadores y los diputados se han burlado del Colegio Médico Dominicano y han estado manejando plazos para ganar tiempo y luego declararse impotentes de lograr el deseado aumento de los salarios.
La insensibilidad y la insensatez del gobierno, los senadores y los diputados, han unificado al sector salud, empujándolo a reiniciar un proceso de lucha reivindicativa que en magnitudes, alcance y profundidad, serán de proporciones mayores y daños invaluables.
En esta segunda etapa, los médicos cuentan con la integración de los otros gremios del sector salud como son: las enfermeras, bioanalistas, farmacéuticos, odontólogos y técnicos.
Como se puede apreciar, en el sector salud existe una crisis, en donde uno de sus puntos neurálgicos está dado por la poca motivación de los recursos humanos, dicho en un lenguaje más claro, con lo que gana un médico, una enfermera, un bioanalista, un farmacéutico y un técnico, no da para vivir ni aquí, ni en ninguna parte del mundo.
Ahora bien, se anunció que habrá acciones más contundentes y nos preguntamos, ¿contra quién serán estas acciones? Ya que a nuestro modo de ver, existen dos sectores claramente diferenciables: los que ostentan el poder político y económico y los pobres y humildes hombres y mujeres del pueblo, representados estos últimos por alrededor de 7 millones de personas, sin acceso a un buen servicio de salud, de calidad, eficiente y oportuno, con medicamentos y todos lo que le asigna la ley 87-01 sobre Seguridad Social.
Las acciones para el primer grupo tienen y deben ser diferentes; es por eso que no vamos a apoyar ninguna acción que ponga en riesgo la salud de este pueblo trabajador.
Respaldaremos todas las acciones por la consecución de nuestro justo aumento salarial, pero estaremos opuestos a los odiosos paros hospitalarios y a cualquier intento de entrega de los hospitales.
Cuando se paraliza un hospital existe la posibilidad de que en el peor de los casos mueran pacientes, llevando dolor, luto y desolación a sus familiares o de que muchos empeoren su condición de enfermedad, alargando la morbilidad y su tratamiento, lo que implica más gastos para la economía familiar y en el mejor de los casos, forzarlos al pago de una consulta privada.
Hay que explorar nuevas acciones, creativas e ingeniosas que no interfieran con la necesidad de los servicio de salud de los que tienen solamente esta posibilidad, la de asistir a una consulta o de internarse en un hospital público.
