La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) solicito al presidente Leonel Fernández que ordene una revisión del patrimonio de los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado y de los alcaldes.
ADOCCO hace la solicitud ante la irritante exhibición de millonarias propiedades inmobiliarias diseminadas en toda la geografía nacional, en contraste con los niveles de pobreza de la gran mayoría del pueblo dominicano, en momentos que la Republica Dominicana no ha podido cumplir con los objetivos del milenio.
Julio César de la Rosa Tiburcio, coordinador general de ADOCCO, sugirió al mandatario la creación de una comisión encabezada por Marino Vinicio Castillo, Radhamés Jiménez, Hotoniel Bonilla, Marcos Villamán, el cardenal Nicolás López Rodríguez y el Reverendo Braulio Portes, comisión esta que podría auxiliarse de subcomisiones integradas por peritos, seleccionados por los comisionados para determinar la procedencia del patrimonio que poseen los funcionarios públicos y que no hacen constar en sus declaraciones juradas de bienes depositadas ante la Dirección Nacional de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA).
“Con una medida de esta naturaleza el presidente de la republica estaría enviando una señal inequívoca de voluntad política de enfrentar la corrupción y lograr que la percepción que cada año mide Transparencia Internacional baje de los niveles que mantiene por más de una década”, dijo el vocero de la entidad anticorrupción.
“Saludamos y apoyamos la decisión del presidente de acoger las recomendaciones emanadas de la Iniciativa Participativa Anti-Corrupción, IPAC, ordenándole a sus funcionarios que las 30 recomendaciones deberán ser acatada, sobretodo la que ordena a la Contraloría a que se abstenga de autorizar pagos a proveedores del estado en cuyo proceso de compras y contrataciones no se hayan cumplidos con las disposiciones de la ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas, violadas olímpicamente diariamente por funcionarios de todos los estamentos estatales, que implican pérdidas cuantiosas en perjuicios del erario y en beneficio de funcionarios y empresas y empresarios del sector privado”, siguió diciendo.
ADOCCO sugiere que la comisión revise las declaraciones juradas de bienes sobrevaluada presentada por funcionarios, legisladores, alcaldes, jueces entre otros, que la hacen con el propósito de justificar lo que eventualmente obtendrían durante el desempeño de sus funciones al frente de una entidad del estado o al frente de una curul o un tribunal.
