América Latina y el Caribe podrían resultar más afectados que otras zonas del mundo por estar en una franja de huracanes con numerosos estados insulares y zonas costeras bajas; por depender de los deshielos andinos para el suministro urbano y agrícola de agua; y por estar sujeta a inundaciones e incendios forestales, entre otras particularidades.
Dado que las emisiones GEI (Gases de Efecto Invernadero) de la región son bajas (11,7% del total mundial en el año 2000), la atención de las autoridades debiera concentrarse en la adaptación al cambio climático. Esta respuesta se caracteriza actualmente por ser espontánea y reactiva, enfocada hacia la recuperación frente a desastres naturales.
Una política de adaptación requiere prever las pérdidas desde el sector primario hasta las finanzas públicas. Además, según la CEPAL, el Estado debe cuantificar los impactos económicos para enfrentar consecuencias del cambio climático como sequías, inundaciones, epidemias, olas de calor y pérdidas de infraestructura, entre otras, debido a la desigualdad social y el poco margen fiscal que tendría para adaptarse.
Desarrollar la capacidad de adaptación involucra retos como distribuir los costos entre agentes privados (productores o consumidores) y públicos; especificar y focalizar medidas; y una mayor conciencia por parte de las autoridades encargadas de la gestión económica, social y ambiental del tratamiento transversal que debe dársele al tema.
Avanzar en la adaptación requiere un esfuerzo por proteger la estructura de las finanzas públicas, la estabilidad del sector privado y del desempeño macroeconómico. La adaptación también deberá considerar los ajustes a los cambios provocados por las respuestas de los países desarrollados a sus necesidades de mitigación en el comercio y la inversión.
Por lo anterior, los países de la región debieran considerar en sus estrategias aquellas alternativas que les permiten moverse hacia un desarrollo más bajo en emisiones de carbono.
Es importante, según la CEPAL, captar la atención de las áreas económicas de los gobiernos de la región hacia los efectos del cambio climático. Cuanto mejor preparados se encuentren, menores serán las presiones imprevistas sobre el gasto y las pérdidas recaudatorias, y mayor la gobernabilidad económica de los países.
En México, Brasil, Centroamérica, el Caribe y América del Sur ya se realizan estudios sobre economía y cambio climático, lo que fortalecería la perspectiva regional. Estas investigaciones aportarán mayor certeza sobre la magnitud nacional y sectorial de los costos de adaptación y de las potenciales ganancias de la mitigación.
