El anuncio hecho por la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica, Anabel González, en el sentido de que ese país se propone demandar a la República Dominicana ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), por violaciones al Tratado de Libre Comercio es una ofensa que debe ser contestada por nuestras autoridades.
La funcionaria del gobierno Costarricense destaca que la Republica Dominicana ha aumentado los aranceles entre 30 y 40 por ciento para la importación de varios productos procedentes de Centroamérica y por esa situación considera que se ha violado el Acuerdo de Libre Comercio suscrito con Centro América y los Estados Unidos (DR-Cafta), razón por la cual ha hecho ese irreflexivo anuncio de sometimiento ante la OMC.
Sin embargo, la Ministra de Comercio Exterior del hermano país Centroamericano, al parecer desconoce que la Republica Dominicana al igual que ellos tiene todo el derecho de proteger a sus productores, sobre todo cuando compiten con los de otras naciones donde se destinan importantes recursos para subsidiar la producción nacional.
Si las autoridades dominicanas han adoptado las medidas de aumentar los aranceles a algunos productos provenientes de Centroamérica, se debe fundamentalmente a que los mismos le están haciendo una competencia desleal a los de factura local, porque mientras ellos protegen a sus productores, todavía en nuestro país el gobierno no lo ha hecho con los nuestros, por lo que permitir la importación de artículos con esas condiciones seria condenarlos a la desaparición.
Nuestros productores nacionales, se han cansado de denunciar que todavía no están preparados para competir en algunos renglones con los países signatarios del DR-Cafta, y le han pedido a las autoridades adoptar las medidas de protección necesarias para poder romper esas barreras, pero lamentablemente, la ayudada demandada se ha estancado en el tiempo y el espacio que lleva el Tratado de Libre Comercio.
Desde luego, mientras demora esa colaboración o cooperación que demandan los sectores productivos nacionales a las autoridades gubernamentales, se entiende que alguna medida debieron tomar y por eso han dispuesto el aumento de algunos aranceles para los países Centroamericanos como forma de garantizar la sobrevivencia de nuestros productores.
Precisamente, esa condición de sobrevivencia y protección a los desamparados productores dominicanos, en medio de un Tratado de Libre Comercio, que ni siquiera ha beneficiado a los consumidores criollos con la rebaja de los productos importados, es lo que en definitiva garantizará que la Republica Dominicana salga airosa ante la demanda que será objeto en la Organización Mundial de Comercio.
De ahí es que la denuncia hecha por la ministra de Comercio Exterior de Costa Rica constituye más que una desconsideración, un irrespeto incalificable al pueblo dominicano, porque antes de hacer pública esa decisión, debió consultar a las autoridades nacionales competentes para que le explicaran las razones que tuvieron para tomar las medidas arancelarias que ellos objetan.
En lo que respecta a las autoridades dominicanas, muy específicamente al Ministerio de Relaciones Exteriores, que es a quien corresponde tratar este tipo de asuntos frente a los demás países miembros del DR-cafta, esperamos que antes de que este sometimiento se produzca, se pronuncie con la energía y el derecho que ese acuerdo concede al país, como nación que tiene la autodeterminación de proteger su territorio y a sus productores cuando estén en peligro de desaparecer, como es el caso que nos ocupa.
Ojala que el complejo de Guacanarix no se apodere de ninguno de nuestros funcionarios o personalidades, con capacidad de incidir en lo que tiene que ver con las discusiones del Tratado de Libre Comercio, para que la República Dominicana no salga perjudicada con la decisión de Centroamérica de someterla a la OMC y resulte ser condenada por violaciones al DR- Cafta, como no lo esperamos.
Las violaciones al Tratado de Libre Comercio no han sido exclusivas de la República Dominicana, sino de todos los países signatarios, porque los cerca de 500 millones de consumidores, que supuestamente se iban a favorecer con la entrada en vigencia del acuerdo, no han recibido los beneficios.
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