Choque de posiciones complica solución de huelga en mina chilena

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Las posiciones entre Escondida en Chile, el mayor yacimiento de cobre del mundo, y sus trabajadores sindicalizados se mantienen por ahora distantes para lograr un nuevo contrato colectivo, con duras acusaciones cruzadas en una huelga que ya cumple una semana.
 
Más allá de aspectos usualmente antagónicos, como el bono de término de negociación, el gremio de más de 2.500 operarios acusa a la minera controlada por la gigante global BHP Billiton de querer rebajar beneficios y buscar diferenciar a trabajadores nuevos de los antiguos.
 
Ante la última oferta presentada por la empresa en enero, el sindicato presentó 16 observaciones que consideró menguaban conquistas históricas.
 
En tanto, la firma, como casi la totalidad de las mineras, ha estado concentrada en planes de contención de costos debido a la debilidad que enfrentó el precio del cobre y que llevó a recortes de personal y disminución de operaciones en toda la industria.
 
Escondida sostiene que la propuesta presentada agrupó el resultado de la negociación iniciada en diciembre «manteniendo la estructura de salarios, beneficios y compensaciones, tales como el 100 por ciento de cobertura de salud para los trabajadores con contrato vigente con la empresa y la incorporación de nuevos beneficios sociales».
 
Aunque ambas partes han dicho que están abiertas a conversar, una invitación del Gobierno a una reunión para intentar reactivar las negociaciones permanece en espera.
 
«Primera vez en mis 23 años aquí que veo una posición tan cerrada», comentó a Reuters el portavoz del sindicato, Carlos Allendes.
 
Incluso el bono de cierre de negociación refleja la disparidad actual. Mientras el sindicato aspira al equivalente de unos 38.000 dólares por trabajador, la oferta de la empresa fue de unos 12.000 dólares.
 
Hasta ahora, el sindicato ha dicho que para restablecer el diálogo la empresa debe garantizar al menos la igualdad de beneficios para todos los operarios y el respeto a los descansos, mientras que la firma no ha revelado sus requerimientos mínimos para volver a la mesa.
 
Los trabajadores sostienen que la oferta actual elimina el beneficio de indemnización por renuncia voluntaria, funde bonos de producción con otro de resultados excepcionales y se anula el pago de registro de asistencia mensual, además de afectar el sistema actual de descansos.
 
Pero el punto más controvertido es la diferenciación de beneficios entre operarios nuevos y antiguos, que los agremiados dicen busca bajar el piso mínimo de negociación para los siguientes procesos a la luz de la entrada en vigencia en abril de una reforma laboral.
 
Los recién ingresados no estarían cubiertos por el actual sistema de salud, no tendrían beneficio de asignación de vivienda ni bono de antigüedad, entre otros, asegura el gremio, que teme que esto se use para fraccionar la fuerza sindical.
 
Además, el contrato tendría una duración de 48 meses, un año más del máximo contemplado para las nuevas negociaciones cuando la reforma entre en vigencia.