El cogollo del PLD ha instalado -multiplicando la corrupción hasta saturar Gobierno y Estado- una dictadura institucionalizada bajo control de la Presidencia de la República y de sus dos principales dirigentes y facciones; siempre asociados a cúpulas empresariales y consorcios extranjeros de viejo y de nuevo tipo.
Esta dictadura, en consecuencia, está al servicio del enriquecimiento colosal y vertiginoso de una minoría protegida por los jerarcas que manipulan el aparato judicial, Policía, Fuerzas Armadas súper-intendencias de bancos, seguros, pensiones, cúpulas eclesiales y partidistas, Congreso, Cámara de Cuentas, Presidencia de la República y ministerios; escenarios en los que se instrumenta el blindaje de la impunidad de sus propios integrantes y de los jorocones involucrados en robos y crímenes contra el pueblo.
La JCE, el TSE y el TSA son mecanismos controlados que le han garantizado permanencia y blindaje. El clamor de justicia es bloqueado por esa muralla estatal asociada a escandalosos favores a corporaciones y grupos capitalistas de aquí y del exterior: Odebrech, Barrick, Gold Quest, facciones del CONEP y de las Cámaras empresariales.
Pero de todas maneras, casos señeros de narco-corrupción (cárteles Quirino, Agosto, Nelson Solano
), y escándalos tipo Peme, Renove, Bahía de la Águilas, Valle Nuevo, Sun Land, Tres Brazos, Antena Latina, Súper-Tucano, concesiones mineras onerosas, granceras depredadoras, scaners-JCE, corruptelas reeleccionistas
se han encargado de descubrir a los jefes y cómplices de la corrupción impune; muchos vinculados a elevadas funciones de Estado, pertenecientes al liderazgo de los partidos del sistema y conectados a cúpulas capitalistas; acompañados de sus respectivas sanguijuelas, generalatos, testaferros y lobbystas mafiosos.
Es evidente que la impunidad judicial la conducen líderes del PLD, altos funcionarios del área y oficinas jurídicas bajo su control; mientras los armadores de la sobrevaluación de las Plantas de Punta Catalina y otras obras de envergadura -en contubernio con Odebrech y empresas asociadas- son los mismos que controlan el gobierno con la bendición magnánima de ciertos jerarcas religiosos. Y esto ha terminado por generalizar la indignación popular y abrirles compuertas a la democracia de calle con marchas como la de hoy.
Procede, pues, enfrentar con vigor los poderes y personeros de la corrupción, demandando cárcel y recuperación de lo robado para devolvérselo al pueblo en bienestar social colectivo.
Se impone arreciar las movilizaciones para acorralarlos, proponiéndonos a la vez derrotar la dictadura corrupta y transformar este Estado y este sistema a través de un proceso constituyente participativo y soberano.
Dictadura e impunidad
LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||
PUBLICIDAD
Galería de fotos
Las más recientes
Story
Page