Caso Odebrecht y otros temas pendientes en RD

LA VOZ DE LOS QUE NO LA TIENEN ||

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Los pactos Eléctrico y Fiscal, así como las mejoras en el sistema educativo y de seguridad social, junto a la aprobación de la Ley Electoral y de Partidos Políticos son parte de los temas pendientes en República Dominicana, sin olvidar el caso de la compañía brasileña Odebrecht, acusada de pagar sobornos por 92 millones de dólares en el país desde que inició sus operaciones en el país en 2001, para lograr contratos millonarios con tres gobiernos para la construcción de diversas obras de infraestructura, que incluyen autopistas, hidroeléctricas, acueductos, túneles y elevados.
 
También está pendiente sanear las finanzas públicas, reforzar la seguridad ciudadana, estabilizar y/o bajar el precio de la canasta básica, aclarar la compra de los aviones Super Tucano, la protección del medio ambiente y aclarar la supuesta sobreevaluación por 1,200 millones de dólares para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina.
 
Ya pasó la resaca de las fiestas de fin de año y es tiempo de que el Gobierno de Danilo Medina de respuesta a toda esta problemática, que sumado a la falta de empleos de calidad, mantiene a la sociedad dominicana con un miedo colectivo, con temor en los trabajos, universidades y negocios, donde se mueva.
 
Odebrecht
Al menos tres entidades gubernamentales han admitido que tuvieron vínculos directos con Odebrecht, estas son: el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Ceeee), y el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).
 
A finales de 2016, la Procuraduría General abrió una investigación judicial para determinar a los beneficiarios de los presuntos sobornos a funcionarios públicos por parte de la empresa y días después Obras Públicas, la Cdeee e Inapa detallaron sus contratos con Odebrecht.
 
El ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, entregó al procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, la documentación requerida  de los contratos  que tienen con la empresa brasileña Odebrecht, que admitió haber pagado 92 millones de dólares en sobornos en la República Dominicana.
 
Castillo dijo que llevó al Ministerio Público la documentación de 11 contratos desde el 2007 hasta el 2012.
 
«En los archivos de Obras Públicas reposan 11 contratos suscritos entre la constructora Norberto Odebrecht, consorciado con otras empresas y esa institución», dijo el funcionario.
 
También, la CDEEE remitió a las autoridades competentes copias certificadas de todos los documentos referentes a sus relaciones contractuales con la empresa brasileña Constructora Norberto Odebrecht.
 
Los documentos estuvieron acompañados de una carta firmada por el vicepresidente ejecutivo de la Cdeee, Rubén Jiménez Bichara, en la que hizo constar que Odebrecht es parte de un consorcio integrado por otras dos empresas, la italiana Tecnimont y la dominicana Ingeniería Estrella, que ganó la licitación pública internacional para la construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, supuestamente sobrevaluada en más de 1,200 millones de dólares.
 
Asimismo, la CDEEE entregó a la Procuraduría General de la República otro pliego de documentos contractuales de años anteriores mediante los cuales la firma Odebrecht trabajó en la construcción de los proyectos hidroeléctricos Pinalito y Palomino, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID). En estas dos obras, el gobierno dominicano invirtió 700 millones de dólares.
 
De su lado, el director del Inapa, Horacio Mazara, confirmó que la entidad que dirige tiene varios contratos con la firma brasileña Odebrecht, aunque no detalló cuánto ni los montos; pero, aseguró que dará una información clara al procurador.
 
En tanto que la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, informaron que no han suscrito contratos de obras ni de servicios con la empresa Constructora Norberto Odebrecht durante el período 2001-2016.
 
-El caso
Según la Odebrecht, los contratos en República Dominicana comenzaron hace 14 años (en 2002), pero la empresa constructora confirmó al Departamento de Justicia de Estados Unidos que a los altos funcionarios del gobierno dominicano se les empezó a pagar dinero de sobornos un año antes de iniciar las contratas en el país, en 2001.
 
En las declaraciones realizadas por la empresa al Departamento de Justicia el pasado miércoles, se detalló el pago de USD $788 millones a un total de 12 países, en su mayoría latinoamericanos, entre los cuales la República figura en el tercer lugar entre los gobiernos a los que más se les pagó sobornos, con US$92 millones, solo por debajo de Brasil, que recibió US$349 millones, y Venezuela, US$98 millones.
 
En el informe, además de  Brasil, Venezuela y República Dominicana, los demás citados en el documento son: Colombia con 11 millones en pago de sobornos; Guatemala, con 18 millones; Ecuador, 33.5 millones; México, 10.5 millones; Mozambique,  900 mil dólares; Panamá, 59 millones; Perú, 29 millones; Angola, 50 millones, y Argentina, 35 millones.
 
Aunque aún no salen a relucir los nombres de cómo o a quiénes Odebrecht les hizo pago de los sobornos en la operación “Lava Jato”, en la declaración de la multinacional a EE.UU se cita que el pago de los USD $92 millones se efectuó entre los períodos de gobierno de Hipólito Mejía, los dos de Leonel Fernández y el primero de Danilo Medina.
 
Super Tucano
Este caso ha caído en un limbo. ¿Aquí no ha pasado nada? Se habla de que un funcionario del Estado repartió sobornos por tres millones de dólares para que el Congreso aprobara la compra de los aviones Súper Tucano, adquiridos, dizque, para combatir el narcotráfico.
 
La iglesia ha pedido que los involucrados en el caso sean castigados; pero, quién o quiénes serán los “azotados”, si el Ministerio Público ha guardado un silencio profundo, que más que generar confianza lo que genera es miedo.
 
En los hechos están implicados el exministro de Defensa, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio, el coronel Carlos Ramón Piccini Núñez y los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández.
 
Las autoridades dictaron en agosto pasado orden de arresto contra los cuatro por su supuesta implicación en la adquisición de los Súper Tucano a la empresa brasileña Embraer, cuando Estados Unidos estaba en disposición de donar aeronaves con igual capacidad y funcionalidad.
 
Para la operación, el Congreso Nacional dominicano aprobó préstamos por valor de 93,7 millones de dólares, después de que las Fuerzas Armadas subrayaran la necesidad de comprar los aparatos.
 
Pactos eléctrico y fiscal
Economistas consultados entienden que el Pacto Eléctrico será firmado este año; pero, que no se aprobará en lo inmediato el Pacto Fiscal, sino que iniciarán las discusiones sobre el tema.
 
Pavel Isa Contreras y Miguel Collado di Franco dijeron que las partes están obligadas a llegar a un acuerdo eléctrico, pero la pregunta es si será un pacto robusto, que termine de resolver el problema fundamental del sector, que es la distribución y las pérdidas, o débil: un acuerdo en que todo el mundo salga en la foto y se posponga la solución.
 
Y es que la discusión del Pacto Fiscal será más complicada que la del Pacto Eléctrico, debido a la cantidad de actores e intereses, por lo cual se debe abogar por el establecimiento de metas y plazos.
Collado, economista sénior del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), entiende que falta transparencia de parte de las autoridades sobre cuál es la intención real en torno a los problemas de los sectores eléctrico y fiscal.
Expresó que el Gobierno ha violado la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo (END) que según ordena, esos dos pactos debieron firmarse ya.
 
Costo de la vida y empleos
Pese a que el costo de los principales artículos que componen la canasta básica familiar, durante los primeros sietes meses del 2016 se mantuvieron estables los pronósticos para el año entrante no son alentadores.
 
El comercio vaticina que para próximo período se producirán alzas de precios en los productos primordiales, situación que atribuyen a los daños causados por las inundaciones en las regiones norte y noroeste, consideradas las más productivas del país.
 
Los alimentos que integran la bandeja familiar, como los cereales y sus derivados, grasas comestibles, diferentes tipos de carnes, granos (habichuelas), plátanos, leche, espaguetis, huevos, vegetales, entre otros, está compuesta por 305 bienes y servicios que representan el 90% del consumo de los hogares dominicanos. Allí se suman los gastos en alimentación, transporte, vivienda, salud, educación, telecomunicaciones y otros pagos.
 
El Banco Central de la República Dominicana establece que una canasta familiar de alimentos de poco más de RD$10 mil mensuales para hogares pobres o de menores ingresos. Sin embargo, en la realidad en una vivienda pobre se gastan no menos de RD$15 mil mensuales para poder comer lo básico, es decir un costo que supera en 50 por ciento el monto fijado por la entidad estatal.
 
Una familia compuesta por 4 personas debe producir como mínimo RD$10,00 a juzgar por el primer quintil de la cesta esos no incluyen nada fuera de los alimentos. Es decir, faltaría agregar los costos en transporte, agua, electricidad, salud, educación, vestimenta, artículos de higiene personal y del hogar, entre otros.
 
Conforme a estudio sobre el particular, en una casa promedio se gasta el 30% de los ingresos en frutos alimenticios y bebidas no alcohólicas, mientras 11.6% se va en gastos de la vivienda, 17.95% en transporte y 3.74% en educación, entre otros gastos.
Mientras que de 67,161 empleos que fueron creados en el país entre octubre de 2015 a octubre de 2016, el 59.26% corresponden a operarios, artesanos y conductores, trabajos que son calificados como mal pagados, lo que no les alcanzaría para adquirir la canasta básica.
 
El desempleo estructural en el país, continúa embarcado  en el retroceso, lo que implica un impedimento para el desarrollo socio-económico.
 
Un 14% de desempleo, que cuando se aplica a la juventud, sube a un 30% y dentro de éstos afecta mucho más a las mujeres jóvenes y que los que se generan están impactados por un alto índice de precariedad.
 
Hay que crear empleos de calidad que alcance para que los padres dominicanos puedan dar una buena alimentación a sus hijos, darle salud y una buena educación, que lleve tranquilidad a la sociedad. Esa también es una forma de combatir la delincuencia que arropa y siembra el terror en el país.
 
Sistema educativo
Elevar la calidad educativa constituye el principal reto, dejado pendiente, que tienen las autoridades del Ministerio de Educación en el 2017, ante los bajos niveles de aprendizaje de los estudiantes dominicanos, evidenciados en las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), dados a conocer a finales del año pasado.
 
El ministro Andrés Navarro ha dicho que para revertir los pobres resultados de las pruebas PISA, la institución está decidida a brindar más apoyo a la investigación y a la capacitación docente, aplicar adecuadamente el nuevo currículo por competencias y mejorar la gestión de los centros educativos.
 
El sistema necesita la aplicación de la evaluación por desempeño a los más de 90 mil maestros del país y enseñar en las aulas los derechos y deberes ciudadanos consagrados en la Carta Magna a los estudiantes del sistema público y privado.
 
Las principales quejas de los maestros son las malas condiciones en que se encuentran los hospitales del SEMMA. Hay otros temas pendientes, los cuales no se han satisfecho con la asignación del 4% del PIB a Educación.
 
Seguridad Social
En diciembre pasado, el Gobierno anunció que tenía listo el anteproyecto definitivo de modificación de la Ley de Seguridad Social, de 209 artículos que tiene la Ley 87-01, se pretenden modificar 91.
 
Entre las novedades que tendrá la futura pieza está la autonomía y personería jurídica de la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados.
 
Tan pronto entren en vigencia los cambios en la ley, la TSS podrá realizar el recálculo de toda la deuda por cobrar a los empleadores en retraso y determinará nuevos montos a pagar.
 
Está pendiente que esa disposición otorgue autonomía a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (Dida).
 
En caso de modificarse el artículo 46, una persona podrá tener derecho a una pensión por discapacidad total o parcial, la actual ley solo lo permitía en el primer caso.
 
En este renglón el CNSS gestionará ante el Consejo Nacional de Personas Envejecientes (Conape) la ejecución gradual de servicios sociales, a fin de que los jubilados y pensionados del Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), tanto del Régimen Contributivo como del Subsidiado tengan acceso a prestaciones sociales y consideraciones especiales. La Ley de Seguridad Social urge por su aprobación.
 
Seguridad ciudadana
Sin dudas es el tema que más preocupa a la sociedad dominicana, que no puede circular con seguridad por las calles del país, aunque muchos entienden que para este año las autoridades enfrenten los principales problemas que afecta a la población, teniendo como una de los más preocupantes, el tema de la seguridad ciudadana.
 
Otros muestran una actitud pesimista y piensan que el 2017 será más de lo mismo. La población necesita sentirse segura, por lo que esperan que los constantes reclamos de seguridad ciudadana sean escuchados por las autoridades.
La realidad es que aquí nadie está seguro y que pueden asaltarte hasta en la puerta de tu casa, trabajo, negocio y hasta en la universidad. El lunes 2 de enero, en un solo sector, se registraron cerca de 28 atracos, y a un pobre hombre le pegaron fuego, porque solo cargaba 300 pesos y un celular. Así no podemos seguir, los fracasados planes de seguridad ciudadana deben ser reformados de inmediato, para que la gente se sienta más segura. Una pregunta estúpida, no la contesten: ¿Dónde quedó el plan Barrio Seguro y las famosas Harley Davidson?
 
Valle Nuevo, medio ambiente
Medio Ambiente sembró más de 8 millones de árboles durante 2016, algo muy importante, pero no suficiente para mantener el país fuera de los peligros que representa el cambio climático.
 
También es muy importante que el presidente Danilo Medina emitiera el decreto 395-16, declarando el 2017 como “Año del Desarrollo Agroforestal”.
 
“Conforme dispone el numeral 2 del artículo 17 de la Constitución de la República Dominicana, es prioridad nacional y de interés social la reforestación del país, la conservación de los bosques y la renovación de los recursos forestales”, dice el primero de los considerandos.
 
Pero, el área protegida de Valle Nuevo espera por una pronta solución. Ya se conoce que el 4 de noviembre de 2003, Hipólito Mejía firmó el decreto 1047-03, considerando que es de alto interés del Estado Dominicano conservar sus áreas protegidas para el desarrollo de sus recursos naturales, decretando de utilidad pública e interés social los terrenos y mejoras comprendidas entre las parcelas 1-A y 2-A del distrito catastral No. 4 de San José de Ocoa. Dichas parcelas de encuentran incluidas en el ámbito del Parque Nacional Valle Nuevo.
 
Parte de estas parcelas pertenecían a las compañías Empresa Agrícola y Ganadera, C. por A. y Compañía Sociedad Comercial y Ganadera, C. por A. representadas por el señor Jaime de Jesús Guzmán Abreu.
 
El 10 de agosto, a seis días de entregar el poder en el 2004, estas compañías recibieron RD$243,000,000 en bonos por concepto de expropiación de dichas parcelas.
El diálogo debe hacerse de inmediato. El gobierno debe empoderarse y desalojar de inmediato la zona del Parque Nacional de Valle Nuevo, el cual constituye un área protegida que posee una biodiversidad única en el Caribe.
 
En cuanto a los ríos, todavía algunas de las empresas desguazadoras de barcos en los ríos Ozama e Isabela continuaban con su labor, a pesar de que el plazo otorgado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para que dejen sin efecto la práctica venció el domingo.
 
En la margen Norte del río Isabela, donde opera la empresa Metales Antillanos, varias embarcaciones siguen apostadas en ese lugar, sin que las autoridades de Medio Ambiente hicieran cumplir la resolución 13-2016.
 
Esperamos que Medio Ambiente cumpla con el plazo establecido y saque de las cuentas de los ríos las empresas desguazadoras.
 
A todos estos problemas no se le puede dar larga, hay que solucionarlos “right now”. Le toca al gobierno al gobierno dar una respuesta que satisfaga las expectativas de la sociedad dominicana; de lo contrario, el tiempo le pasará factura.