El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo que someterá a referéndum la nueva Constitución del país petrolero, luego de duras críticas de la fiscal general que dijo que hacerlo sin la consulta popular era un «retroceso para la democracia».
«Seguro, seguro, al final del proceso, yo lo propondré de manera expresa, abierta y taxativa: la nueva Constitución saldrá a referéndum consultivo para que sea el pueblo que diga si está de acuerdo o no», dijo Maduro en un acto televisado.
Más temprano, Luisa Ortega, titular del Ministerio Público, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar una «aclaratoria» de una sentencia de su Sala Constitucional publicada el miércoles, que avaló la iniciativa del presidente de elegir a los miembros de una Asamblea Nacional Constituyente, sin antes convocar un referéndum nacional.
El árbitro electoral activó también el proceso para escoger a los constituyentes a finales de julio, en una votación por sectores y municipios, que la oposición ha dicho constituye una elección indirecta de segundo o hasta tercer grado.
«Parece que se elimina la democracia participativa y protagónica, lo que le costó mucho al pueblo venezolano», dijo Ortega a las puertas del máximo tribunal.
«Nosotros aprobamos la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en un proceso de participación y consulta de todo el pueblo venezolano», recordó la fiscal, sobre el proceso que en 1999 dio lugar a una nueva carta magna.
La funcionaria consideró también que al reducir la participación de la población «a una mínima expresión» en el proceso, se produce un «retroceso» en materia de derechos humanos y por ello pidió a la cabeza del Poder Judicial que revise la sentencia.
Horas después, Maduro dijo que se someterá a los designios de la Sala Constitucional del TSJ y aplaudió la iniciativa de Ortega como un ejemplo de la democracia venezolana.
«Yo cumplo los mandatos de la sala constitucional. Si me lo ordena, yo lo hago, no voy a andar con lloriqueos», dijo el mandatario.
Ortega, quien era percibida como una aliada muy cercana del Gobierno socialista, rompió con Maduro recientemente al considerar que la sala constitucional intentaba abolir la funciones del Parlamento, en manos de la oposición.
BARRICADAS
La ola de protestas, disturbios y saqueos ha dejado 62 muertos, incluido un juez de apelaciones que ratificó la sentencia contra el líder opositor Leopoldo López, quien cumple 13 años de cárcel en una prisión militar.
La fiscalía dijo el jueves que investiga la muerte del magistrado Nelson Moncada, de 37 años, quien fue interceptado la noche del miércoles en una barricada en Caracas. El juez intentó huir, relató el despacho «por lo que le dispararon y lo despojaron de sus pertenencias».
Sin elaborar, el Gobierno dijo que no descarta que el hecho se trate de un «sicariato» perpetrado por la oposición.
La última víctima fatal se produjo en el estado de Lara, donde María Rodríguez, de 46 años, fue baleada durante una manifestación el jueves, dijo la fiscalía estatal, sin dar más detalles.
El máximo tribunal de justicia de Venezuela ordenó el jueves al líder opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, impedir que en su estado se instalen barricadas contra el Gobierno y advirtió que de incumplir la sentencia podría ir a la cárcel.
La sala constitucional de TSJ publicó una sentencia indicando que aprobó una acción judicial por intereses colectivos interpuesta por un grupo de ciudadanos de Miranda, que solicitaron un recurso de amparo contra el gobernador alegando que las interrupciones generan «zozobra y pánico».
La sentencia además cita un artículo que advierte que si Capriles opta por desacatar el amparo «será castigado con prisión de seis a quince meses».
El TSJ emitió este mes otra decisión similar contra alcaldes opositores de Caracas, donde se ha concentrado el grueso de las manifestaciones.
Maduro someterá a referéndum nueva Constitución
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