La defensa del expresidente panameño Ricardo Martinelli solicitó a la justicia estadounidense una suspensión de la orden final emitida por un juez de Miami que indica que procede la solicitud de extradición presentada por Panamá.
La moción a la que Efe tuvo acceso este domingo, firmada por el abogado Marcos Jiménez y dirigida a la corte del Distrito del Sur de Florida, pide que la certificación de extradición de Martinelli sea suspendida y se le conceda a la defensa un plazo de 30 días para preparar un recurso de hábeas corpus.
El abogado Jiménez señaló en la moción que el exmandatario requiere “tiempo adicional para preparar su petición” y revisar la resolución del magistrado Edwin Torres, quien el pasado jueves consideró que procede la solicitud de extradición de Martinelli.
En el escrito, Jiménez manifestó que este pedido de aplazamiento por 30 días es “presentada de buena fe y no pretende causar demoras innecesarias dentro del proceso”.
No obstante, recalcó que el exmandatario “sufriría perjuicio” si no pudiese redactar la petición de hábeas corpus antes de que entre en vigor la certificación de extraditabilidad, y recordó que existen antecedentes dados en 1989 y 2005 en los que se aplazó la emisión de una certificación de extradición.
El abogado señaló que dada la urgencia ha presentado la moción sin saber si es que el Gobierno de Panamá se opone al pedido, debido a que no ha recibido una respuesta sobre el mismo.
En un fallo de 93 páginas difundido este jueves, el magistrado Edwin Torres consideró que la solicitud de extradición presentada por Panamá “satisface todos los requerimientos” y que “la moción del Gobierno es concedida”, con lo que dio la razón a la Fiscalía que representa en este caso al Gobierno del país centroamericano.
El magistrado señaló que “hay suficiente evidencia para establecer causa probable para todos los cargos presentados contra el (ex) presidente Martinelli”, y que la conclusión conlleva la existencia de “motivos razonables para suponerle culpable de todos o algunos de los delitos imputados”.
La defensa y los allegados del expresidente señalaron que la decisión les resultó “sorpresiva”, pero que están preparados para una batalla larga en la que recurrirán a “todas las instancias legales” y solicitarán el beneficio de la fianza, dijo en un comunicado su vocero, Luis Eduardo Camacho.
Detenido el pasado 12 de junio, Martinelli está requerido en su país por peculado (malversación de caudales públicos), por la supuesta compra con fondos públicos de sistemas de vigilancia y escuchas ilegales a 150 personas, entre opositores, periodistas y empresarios, ocurridas entre 2012 y comienzos de 2014.
El expresidente llegó en 2015 a Miami tras abandonar Panamá el 28 de enero de ese año, el mismo día en el que el Supremo de ese país abrió la primera de las causas penales en su contra.
Tiene planteada desde ese año una solicitud de asilo, aún no respondida, en la que alega que es un “perseguido político” del actual mandatario panameño, Juan Carlos Varela, quien fue su canciller y vicepresidente.
