Un grupo de inmigrantes haitianos del sur de la Florida se ha convertido en el más reciente que impugna la decisión del presidente Donald Trump de eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), que los protege de la deportación.
En la demanda federal presentada el jueves en el Distrito Este de Nueva York, los demandantes alegan alegan que Trump y el Departamento de Seguridad Nacional “usaron un proceso inválido y no autorizado para eliminar la designación de TPS sin importar los criterios estatutarios de revisión implementados por el Congreso”.
Los demandantes son cinco del sur de la Florida, cinco de Nueva York, el semanario haitiano Haïti Liberté, con sede en Brooklyn, y el grupo de defensa de derechos de los haitianos Family Action Network Movement (FANM), una organización miamense que antes se llamaba Haitian Women of Miami.
Esta es la cuarta demanda relacionada con el TPS, y la segunda presentada esta semana contra Trump y el Departamento de Seguridad Nacional, que el año pasado rescindieron el TPS para ciudadanos de Sudán, Nicaragua, Haití y El Salvador después de darles una prórroga final de 18 meses.
El abogado miamense Ira Kurzban, uno de los que presentó la demanda junto con el Proyecto Nacional de Inmigración del National Lawyers Guild, una asociación progresista de abogados con sede en Boston, dijo que todas las demandas plantean reclamos similares de que la decisión de rescindir el TPS violó ciertos procedimientos y el debido proceso de los beneficiarios, y se basa en “la actitud racialmente discriminatoria del presidente con todas las personas negras y mestizas”.
“El presidente no puede decir: ‘Quiero hacer esto porque no me gustan los negros o los haitianos, no los quiero aquí’ ”, dijo Kurzban, refiriéndose a supuestos comentarios privados de Trump de que los haitianos tienen VIH y que Haití, El Salvador y las naciones africanas son “países de mierda”. Trump ha negado los comentarios.
Kurzban dijo que la demanda, que representa a haitianos de los dos estados con mayor concentración de beneficiarios del TPS, Florida y Nueva York, también alega específicamente que el final del TPS afectaría negativamente las ventas de Haïti Liberté porque el semanario perdería a su principal redactor, beneficiario del TPS, y la FANM se vería forzada a desviar recursos limitados para ayudar a haitianos a reubicarse y ofrecerles otro tipo de asistencia.
El lunes se presentó una demanda similar en San Francisco a nombre de la American Civil Liberties Union del sur de California, la National Day Laborer Organizing Network y el bufete de abogados Sidley Austin.
Esta demanda también alega que el gobierno infringió la garantía de protección igualitaria del TPS bajo la cláusula de proceso debido y que la opinión del gobierno del TPS es restrictiva, inconstitucional y fue adoptada “para impulsar la agenda antiinmigrante y de supremacía blanca de la administración”.
Otras demandas se han presentado en el tribunal federal de Boston a nombre de salvadoreños y haitianos con TPS, y en Maryland por parte de la NAACO.
La demanda más reciente se centra exclusivamente en Haití, que recibió el TPS por el gobierno del entonces presidente Barack Obama después del devastador terremoto que afectó al país en el 2010.
Kurzban dijo que aunque Trump tiene algunos poderes amplios en materia del TPS, que fue aprobado por el Congreso en 1990, no tiene una “discreción ilimitada”.
“La eliminación se basó en las aseveraciones categóricas y difamatorias del presidente sobre todos los haitianos, que los beneficiarios haitianos del TPS no tuvieron la oportunidad de impugnar”, expresa la demanda sobre Trump.
Sejal Zota, directora de asuntos jurídicos del Proyecto Nacional de Inmigración, dijo que las cuatro demandas serán “una verdadera prueba” para el Departamento de Seguridad Nacional.
Zota dijo que su grupo tomó el caso porque, después que el grupo estudió la situación en Haití, “quedó en claro que las condiciones que justifican el TPS se mantienen”.
El Departamento de Seguridad Nacional otorgó a los haitianos una prórroga de seis meses en mayo bajo el secretario John Kelly. El Departamento anunció la eliminación del TPS en noviembre, después de una prórroga final de 18 meses hasta julio del 2019, bajo la secretaria en funciones Elaine Duke.
La demanda señala que en el 2016 el Departamento de Seguridad Nacional identificó siete áreas clave para justificar la designación del TPS para Haití, pero cuando la revocación se anunció el Departamento “no explicó cómo —en menos de un año— Haití había logrado superar las siete justificaciones clave identificadas por el Departamento en diciembre del 2016 para mantener el TPS”, como escasez de vivienda, una epidemia de cólera y daños causados por el huracán Matthew en el 2016 y los huracanes Irma y María en el 2017.
“De manera similar, no explicó cómo Haití había logrado superar esa lista de condiciones extraordinarias que existían pocos meses antes cuando Kelly reautorizó la designación del TPS para Haití”, expresa la demanda.
Kurzban calificó de “un abuso de discreción” la decisión sobre el TPS para Haití”.
“No se equivoquen, la decisión de Trump de rescindir el TPS para Haití está motivado por su prejuicio contra los haitianos y otras personas de color”, dijo.
