La Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), pidió este viernes la aprobación de la ley de vigilancia y seguridad privada, con la que se regulará la informalidad y se mejorará la seguridad ciudadana y la prevención de la delincuencia.
La Adesinc saludó que la Cámara Alta la haya aprobado, y resaltó la labor del senador Adriano Sánchez Roa, quien la impulsó en el Congreso Nacional desde el 2010. “Valoramos positivamente la apertura al consenso de los miembros del Senado en referencia a las propuestas que hicimos para realizar el proyecto de ley”, expresa la entidad en una nota.
Explicó que sus fórmulas buscaban el equilibrio entre la tutela efectiva del Estado y el respeto de los derechos constitucionales y las leyes del país.
Igual modo, agradeció al ministro de Defensa, teniente general Rubén Darío Paulino Sem, y al director ejecutivo de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, general Amílcar Fernández, por el compromiso firme y el interés que han mostrado para que se materializara este proyecto de ley.
Manifestaron su interés en que la Cámara de Diputados acoja el proyecto aprobado, bajo el consenso con el gobierno, los empresarios, legisladores y a satisfacción del sector sindical, pues se fortalecerá la seguridad jurídica, la competitividad y se mejorará la seguridad ciudadana.
Salvador Montas, el director ejecutivo de Adesinc, señaló que el proyecto tendrá grandes beneficios para el país. Según estudios se estima que los serenos o vigilantes en empresas informales son aproximadamente 60,000 mil.
Adesinc es una institución formada en el 1981, y agrupa la mayor cantidad de empresas de Seguridad Privada, que en total suman más de 70, las que emplean alrededor de unas 21 mil personas, y que según las estadísticas expresadas por las autoridades, ayudan a prevenir un 35% de la delincuencia con su presencia en residenciales, industrias, bancos, hoteles, restaurantes, y otros establecimientos comerciales del país.
La institución valoró positiva la pieza legislativa que crea un marco legal para la regulación de los servicios de vigilancia y protección privada y espera que, en su paso por la Cámara Baja, sea acogida y se fortalezca la seguridad jurídica y la competitividad de las empresas de seguridad privada.
